El Rey conocía desde 2007 los negocios de Urdangarín y le pidió que se fuera de España

Javier Fonseca. 

El Rey fue alertado en 2007 por miembros de la Casa Real de las actividades ilícitas de Iñaki Urdangarín. La gravedad del asunto llevó a que el Rey D. Juan Carlos tomara cartas en el asunto para solucionar el problema dentro de la propia casa y sin que el asunto trascendiera para no convertirse en un escándalo. Hoy se evidencia que la estrategia diseñada por la Casa Real falló, y al final se ha convertido en un grave problema para la imagen de la propia institución monárquica.
La Casa del Rey no permaneció impasible ante las actividades empresariales de Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, séptima en la línea de sucesión al trono de España. En la primavera de 2006 envió a Barcelona a un asesor externo para tratar la situación con él y sus abogados. En febrero de ese año, el PSOE balear había cuestionado por primera vez —aunque sin citar a Urdangarin— los 1,2 millones de euros abonados por el Gobierno de Jaume Matas para la organización de eventos deportivos al Instituto Nóos, entidad presidida por el duque de Palma desde 2004.

El Rey habló personalmente con Urdangarín y le impuso un asesor externo.
El emisario, siempre según fuentes oficiales, fue el letrado José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao, marqués de San Saturnino, consejero de Patrimonio Nacional y persona muy próxima a palacio desde al menos 1993, cuando de la mano de Fernando Almansa inició su actividad como asesor externo.

El enviado de la Casa del Rey se reunió con Urdangarin y examinó las cuentas de la entidad, que había sido constituida sin ánimo de lucro en 1999. Y comprobó que las actividades de Nóos y la red empresarial tejida a su alrededor sí tenían ánimo de lucro, por lo que aconsejó al duque de Palma que se desvinculara de inmediato de la misma.

En junio de ese año, Urdangarin abandonó la presidencia de la entidad. Su esposa, la infanta Cristina, también dejó su puesto como vocal de la junta directiva. El despacho de abogados catalán que asesoraba al duque de Palma, Bergós, le recomendó entonces que constituyera una fundación para promover la cultura y el deporte que sirviera para canalizar y reorganizar sus actividades privadas. Pero la fundación, según fuentes oficiales, no operó como tal porque el asesor externo de la Casa del Rey recomendó lo contrario. Fue más allá: su consejo consistió en indicar que lo mejor era que Urdangarin se marchara de España y buscara trabajo en otro país.

Le recomendaron irse al extranjero para alejarlo del foco del escándalo
La Casa del Rey siguió las recomendaciones de Romero y pidió a Urdangarin que tratara de encontrar empleo fuera, decisión que tardó dos años en materializarse. Finalmente, en abril de 2009, la Corona anunció que la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin y sus cuatro hijos se trasladarían a Washington después del verano por motivos profesionales. El duque de Palma trabaja desde entonces para Telefónica Internacional en Estados Unidos. La infanta, aparte de su agenda oficial, sigue colaborando en trabajos humanitarios con la Fundación La Caixa, sobre todo en Latinoamérica.

Las primeras dudas sobre las actividades empresariales del duque de Palma a través del Instituto Nóos surgieron por los convenios de la entidad con el Gobierno balear entre 2005 y 2006, cuando el duque de Palma logró dos contratos por 2,3 millones de euros para organizar congresos sobre turismo y deporte en las islas.

Pero el Ejecutivo valenciano, presidido en ese momento por Francisco Camps, llevaba contratando con Nóos desde 2004. Le encargó la organización de tres ediciones de unas jornadas deportivas llamadas Valencia Summit —por 3,7 millones de euros— en 2004, 2005 y 2006, y la elaboración de un estudio para celebrar unos Juegos Europeos en 2006 —en este caso, el conglomerado de Urdangarin cobró 382.000 euros.

A través de Nóos, presuntamente, el dinero público conseguido de los Gobiernos balear y valenciano se desviaba hacia empresas privadas con ánimo de lucro que eran propiedad de Urdangarin. En concreto, la investigación judicial señala que el duque de Palma y su socio, Diego Torres, “organizaron un entramado societario utilizando un grupo de sociedades mercantiles, a través de las cuales desviaban los fondos públicos y privados que recibía el Instituto Nóos, apoderándose de los mismos”.

http://diarioelaguijon.blogspot.com/2011/12/el-rey-conocia-desde-2007-los-negocios.html

Urdangarín usó una fundación de niños discapacitados para evadir al fisco

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Madrid.- Que la Casa Real se haya decidido a apartar a Iñaki Urdangarín de la vida pública no significa ni mucho menos que la investigación sobre este apartado del caso ‘Palma Arena’ haya terminado. De hecho, este miércoles salen a la luz nuevas revelaciones sobre los tejemanejes del duque de Palma, que, en esta ocasión, son además especialmente escandalosos por afectar a una fundación infantil.

Concretamente, el diario ‘El Mundo’ publica a cinco columnas en su portada que Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres emplearon una fundación de ayuda a niños discapacitados y enfermos de cáncer, creada y controlada por ellos, para evadir al paraíso fiscal de Belice parte del dinero recaudado por procedimientos presuntamente ilegales en administraciones y empresas privadas.

La Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS) posee el 99% de la empresa De Goes for Stakeholder, creada por la pareja Urdangarín-Torres tanto para engañar a la Hacienda española como para desviar fondos del Instituto Nóos a paraísos fiscales de Belice y Reino Unido. El 1% restante de De Goes pertenece a Mario Sorribas, íntimo de los dos y apoderado de la sociedad Aizoon, que comparten al 50% el yerno del Rey y su mujer, la infanta Cristina.

Esta especie de ONG infantil, cuyo objeto social era "impulsar el uso de la cultura y el deporte como herramientas de integración social", fue creada en 2006 una vez que Urdangarín se viera obligado a abandonar el Instituto Nóos, coincidiendo con las revelaciones que apuntaban a que el Gobierno balear de Jaume Matas había otorgado 1,2 millones de euros públicos por unas charlas de dos días y medio de duración para analizar la relación entre Turismo y Deporte.

Todo este entramado societario fue urdido con vistas a los millonarios contratos firmados con la Comunidad valenciana y Baleares. Tal y como revelan las pruebas documentales intervenidas, existía la previsión de recibir cinco millones de euros de la Generalitat valenciana que iban a ser canalizados a través de esta red societaria. Mientras tanto, llegaron a introducir en este sistema al menos 650.000 euros de las arcas de Nóos que salieron de esta entidad como paga a De Goes en forma de asesorías ficticias.

I.U. Y D.T., LAS MARCAS DEL DELITO

Estos fondos procedían de contrataciones realizadas con los gobiernos valenciano y balear, así como de pagos realizados a Nóos de un sinfín de corporaciones provocadas. El juez ha llegado a esta conclusión tras comprobar que en las hojas manuscritas confiscadas aparecen continuamente las iniciales I.U. y D.T. (Iñaki Urdangarín y Diego Torres) como los beneficiarios finales de los fondos defraudados.

En definitiva, según la investigación, el dúo Urdangarín-Torres tenían montada una trama para evadir impuestos. Según destaca ‘El Mundo’, los investigadores están estupefactos ante el nivel de pruebas encontradas en los registros, que han servido, entre otras cosas, para desentrañar este ‘modus operandi’ para evadir dinero a paraísos fiscales

El caso Urdangarin menoscaba la imagen y el prestigio de la corona

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La imagen parecía indeleble, inmune y blindada al paso del tiempo. Pero no es así. La fotografía de una monarquía de hierro ha ido amarilleando, cuarteándose conforme se alejaba la Transición, crecían las voces críticas, arreciaba el chaparrón por la falta de transparencia y la dureza de la crisis devoraba el crédito de las instituciones.


Y ahora, estalla el escándalo. Las operaciones opacas y el presunto desvío de fondos públicos de Iñaki Urdangarin. El marido de la infanta Cristina. El yerno del rey de España.
Nada de peccata minuta, de un desliz intrascendente. Si en algo coinciden expertos y partidos de izquierdas consultados por Público –fuera queda el PSOE que, como el PP, rehusó opinar– es que el caso que rodea al duque de Palma es de una "tremenda gravedad", una "malísima noticia" para la Corona. Tanto que puede estar, de hecho, socavando la reputación de la Casa Real. Un deterioro nada trivial para una institución cuya imagen, "muy delicada", "se basa en el prestigio", como acentúa Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED y experto en la monarquía española.
Esa, la duda sobre el daño a la Jefatura del Estado que puede infligir la investigación de los negocios del Instituto Nóos -que presidió Urdangarin hasta 2006-, es la primera incógnita que ahora se abre camino. Hay más: la futura actitud del rey si el duque fuera al final imputado, la necesidad de tasar las incompatibilidades con actividades privadas para miembros de la familia real, la reapertura del debate sobre la transparencia.


01. El parte de daños
Al corazón de la Casa
A las fuerzas minoritarias les solivianta el silencio de la Corona 
"La imagen de un miembro de la familia real ante un juez puede ser demoledora". El periodista José Apezarena, especialista en temas de la Corona, no esconde su preocupación por lo que califica de "una muesca más" en la mordida imagen de la Casa Real, "en muchos casos no por su culpa": el creciente sentimiento republicano, las quemas de fotos de los reyes, la presión de la izquierda minoritaria, el "¿Por qué no te callas?" gritado a Hugo Chávez, el varapalo a España por las supuestas injurias de Arnaldo Otegi contra el rey, las confesiones de la reina Sofía a Pilar Urbano y hasta el divorcio de la infanta Elena ("Los miembros de la famila real son lo que son porque son una familia, y si se debilitan los lazos, se diluye el sentido de la institución").
"Todo eso puede ser polémico, cuestionable, y hasta traducirse en una pérdida de apoyo. Pero el escándalo de Urdangarin es un salto cualitativo: hablamos de presunta corrupción", advierte Göran Rollnert, constitucionalista de la Universitat de València.
Tampoco ponen paños calientes Gaspar Llamazares (IU), Laia Ortiz (ICV), Joan Tardà (ERC) y Francisco Jorquera (BNG). "Es el daño más importante a la Corona desde la Transición. Su credibilidad está tocada. Hablamos de posibles delitos muy graves. El que más, el presunto tráfico de influencias, el utilizar el nombre de la Corona para lucrarse. Nada es comparable", sentencia el diputado de IU.


Se suma un desgaste progresivo de la institución, comprobable con los datos del CIS. La valoración ciudadana de la monarquía se ha derrumbado desde el holgado notable –un 7,48 en diciembre de 1995– hasta el suspenso (un 4,89 el pasado octubre). Un batacazo último que se explica, para el catedrático de Periodismo-Comunicación Política de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) José Luis Dader o para la constitucionalista de la UNED Yolanda Gómez por el desapego hacia las instituciones que genera la crisis.
"Aunque no es clase política, la Corona se ve contagiada –apuntala Antón Rodríguez Castromil, profesor de Opinión Pública de la UCM–. Cuando hay cinco millones de parados, recortes, sacrificios, la Casa Real también entra en los cálculos de los ciudadanos, que se preguntan si les compensa la monarquía. Y este caso entra de lleno en esta cuestión". Influye asimismo el relevo generacional –la Transición y el rol del rey el 23-F se diluye entre los jóvenes– y, como agrega Dader, el contexto internacional: los ciudadanos quieren "mayor cercanía y transparencia". No basta, dice, con la "campechanía" cañí de Juan Carlos I.
Si el duque resulta imputado, será imprescindible que el rey se pronuncie 
Otros analistas, más cautos, aunque reconocen que "un caso como el del duque no es agradable" y puede mancillar el crédito de cualquier institución, creen que hay que separar. "Una cosa es la Corona, otra la familia y otra Urdangarin. No es un tótum revolútum, aunque vox pópuli se mezcle. Este asunto, que veremos en qué queda, no está relacionado con las funciones constitucionales del rey, el presupuesto de la Zarzuela o la línea sucesoria", señala Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gómez indica que "no existe el mismo rasero para Juan Carlos y su hijo, Felipe, que el que hay para las infantas". "Es un hecho serio", admite uno de los padres de la Carta Magna, el socialista Gregorio Peces-Barba, pero añade que "la gente sabrá comprender porque no le compete al rey". "Bajo ningún concepto se puede decir que también la monarquía es vulnerable a la corrupción", reivindica.
Gonzalo Caro, miembro del Colegio de Politólogos y Sociólogos, refuta esa tesis: "Es inevitable: la gente asocia el nombre de Urdangarin a la Casa. Y los medios no le tratan como a un particular, sino como yerno del monarca". No sólo lo aborda así la prensa generalista, sino también las revistas del corazón, que han trasladado, para Torres del Moral, una imagen "frívola" de la Jefatura del Estado y a la que la Zarzuela no ha combatido "con información seria".


02. La respuesta
La lógica prudencia
La ausencia de una ley reguladora alimenta la incertidumbre 
A Ortiz, igual que al resto de portavoces de fuerzas minoritarias, le solivianta el "silencio", la mordaza que se ha impuesto la Zarzuela en el caso Urdangarin. Sin embargo, los estudiosos de las monarquías aclaran que ese silencio es la actitud esperable de unas instituciones que, según recuerda Freixes, aún se mueven por "reglas no escritas, por convenciones y la tradición". "Es de libro. No se debe cambiar el caballo a mitad del río", sanciona Dader. Caro no ve "contraprudente" la prudencia: "Debe mantenerla, por la presunción de inocencia y para que no se la acuse de interferir en la Justicia".
Torres del Moral discrepa: "La Casa está tardando en sacar un comunicado. Debe ponerse del lado de la democracia, no del yerno". Rollnert aporta otra razón para "salir ya al paso", sin demora: "Está imputado el socio del duque [Diego Torres, su sucesor en la presidencia de Nóos], están imputados tres excargos valencianos por los contratos a Urdangarin. La infanta Cristina, que está en la línea de sucesión al trono, es copropietaria de una de las empresas implicadas en el escándalo [Aizoon SL]. Y además hay un contundente informe de la Agencia Tributaria. A la Zarzuela le perjudica la pasividad".
Tanto Rollnert como Torres del Moral inciden en que no debe dejarse escapar un virtud capital para las monarquías. "Necesitan un comportamiento ejemplar. No se pueden permitir ni la más mínima sombra de duda", arguye el primero. "Si la familia real se asimila a una familia normal, se cuestiona entonces su estatus privilegiado. La Corona tiene que aparecer impoluta, cosa que no se requiere a un presidente de la República, pues si no gusta, se le echa", afirma el segundo. Por eso el jurista de la UNED subraya que no se puede dejar engordar la bola de nieve, "alimentar el rumor". El catedrático se declara "leal" a la Corona, de ahí que clame "ser jurídicamente severo con la Casa, pues la adulación es una solemne majadería".


03. El escenario
Apartarlo de la Casa
El secreto sigue amparando en qué se gasta el dinero la monarquía 
¿Y si Urdangarin es finalmente imputado? Entonces ya será ineludible un pronunciamiento expreso de la Jefatura del Estado y el duque será, por lo menos, "apartado" de la familia real, según las presunciones que maneja la mayoría de analistas. "La Casa tendrá que tomar medidas y será el rey el que deba hacerlo. Mi hipótesis es que se le desvinculará del protocolo", avanza Apezarena. "Don Juan Carlos sabrá hacerlo de la mejor manera", responde lacónico Peces-Barba. Aunque bien podría suceder a la inversa: que el duque, motu proprio o "presionado" por la Zarzuela –como sugiere Torres del Moral–, se desligara de la Corona.
Incluso esa solución tampoco se presenta libre de problemas. "No se puede dimitir del título de consorte de la infanta", recuerda Caro. Rollnert apunta otra complicación: "Dejaría a Cristina como tonta, como testaferro de las operaciones de su marido".
Con todo, marginar a Urdangarin de la actividad pública de la familia real sería, en términos de comunicación política, una "actitud no proactiva, sino defensiva, de control de daños, de cortafuegos", suscribe Dader. El profesor defiende que, antes o después, la Zarzuela deberá replantearse "a medio y largo plazo" su estrategia. "¿Qué sería una política de comunicación más completa? Llegar a pedir perdón por lo ocurrido una vez se aclaren los hechos". 
Desde la Zarzuela reconocen que "no hay precedentes" en España de expulsión de un miembro de la Casa. "El duque apenas ha participado en actos públicos en los últimos años, más allá de aquellos de índole familiar. No obstante, él podía pedir que se le apartase", concede un portavoz.
Está claro. No hay guía, ni hoja de ruta escrita para estos casos. Porque aparte de la Constitución y de reales decretos dispersos, no hay una Ley de la Corona, una petición que siempre han elevado los constitucionalistas conocedores de la materia. "Merece un desarrollo legislativo. Es momento de hacerlo, para regular con detalle todos los aspectos que conciernen a la Casa y recoger un código de incompatibilidades. Pero más urgente y útil sería si cabe un Estatuto de Miembros de la Casa Real, porque la figura del rey ya está desgranada en la Carta Magna", postula Gómez.
Comparte su parecer Torres del Moral, viejo defensor de un Estatuto del Príncipe y del resto de la familia. No hay que olvidar, arguye, que sólo la persona del rey es "inviolable" e irresponsable de sus actos, como consigna el artículo 56. 3 de la Carta Magna.
Freixes avala la conveniencia de una Ley de la Corona, ya que "no es muy oportuno que responsables de altas instancias del Estado mantengan actividades privadas que sean incompatibles con el prestigio de la institución".
¿Y si hay condena? "O se divorcian o la infanta renuncia a sus derechos sucesorios", rubrica Torres del Moral.


04. El frente político
Transparencia otra vez
"En una ocasión, un dirigente socialista me decía que si en un muro muy blindado haces un agujero, por pequeño que sea, al final se abre una vía de agua. Y ese es el miedo que se cierne sobre la monarquía: que cuando se comience a hablar, se hable de todo, hasta de su pecado original: que fue instaurada por un dictador genocida". El republicano Tardà se ha dado cabezazos contra esa muralla, una y otra vez, lo mismo que sus compañeros de IU, ICV y BNG. La última cruzada comenzó en la primavera de 2007, cuando ERC presentó varias iniciativas para que la Casa Real publicase sus finanzas. La Mesa del Congreso, con los votos de PSOE, PP y CiU, rechazó dos veces la demanda. Tardà acudió al Constitucional, que avaló la decisión de la Cámara en diciembre de 2008. En abril de 2009, el diputado se fue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que aún no ha emitido resolución.
Mientras, se han multiplicado las preguntas y proposiciones de la izquierda minoritaria en las dos Cámaras. También del senador del PNV Iñaki Anasagasti. Muchas fueron tumbadas.
La mayoría de expertos consultados cree que el camino hacia la transparencia está desbrozado. Ya es insorteable, juzgan. "Ha faltado sentido común y picardía -estima Apezarena-. Es un problema de cabezonería, no de principios. Se hará y no tardará mucho. Se cae por su propio peso".
La esclavitud del 65.1
ICV quiere prohibir los negocios privados a los miembros de la Casa 
La Zarzuela parece haber tomado nota. Lleva meses anunciando que desnudará poco a poco sus cuentas. El momento va acercándose, confiesa un portavoz oficial a Público. "Muy pronto tendremos buenas noticias. Existe la voluntad de ser mucho más transparentes, porque además es una demanda de la sociedad perfectamente legítima que entendemos".
¿Hasta dónde alcanzará el destape? En la Casa Real evitan las comparaciones con las monarquías británica y sueca, que cuelgan en sus webs un completo informe del estado de sus finanzas y son, a ojos de ONG como Access Info, las más transparentes en el espectro europeo.
De la monarquía española no se conoce nada. Se ignora el desglose de la partida de los Presupuestos Generales del Estado –8,43 millones en 2011, un 5,2% menos que el año anterior–, el conjunto de rentas, patrimonios e intereses de la familia o los impuestos que pagan. Sus asignaciones no están sometidas al control del Tribunal de Cuentas, según la propia web de la Corona.
La Casa goza del escudo del artículo 65.1 de la Constitución, que consagra que el rey "distribuye libremente" la cantidad pagada por el Estado. "Una cosa es libremente y otra secretamente –protesta Torres del Moral–. Publicitar las cuentas no va en desdoro de la monarquía. Y es además una institución barata".
Ahí descansa otra razón esgrimida por los especialistas: la Corona cuesta a los españoles menos que los Windsor a los británicos (32,1 millones de libras en 2011, unos 37,4 millones de euros) o que otras monarquías europeas. Valga un detalle ilustrativo: Buckingham Palace revela hasta el coste de la venta del helicóptero de la reina Isabel II. 
Gómez aduce que la redacción del 65.1 cierra la vía de una mayor apertura. Dader sí cree que convendría "una clarificación" en la legislación. Para Peces-Barba, las cuentas están "clarísimas" y el tema es "irrelevante". Caro, como otros analistas, niega "impedimentos legales". Jorquera, diputado del BNG, espera que en todo caso "no dependa de la graciosa voluntad del rey".


05. El interventor
El custodio desconocido
En 2007, cuando explotó la polémica por las iniciativas de ERC, la Casa Real reaccionó. El 24 de agosto, nombró a un interventor del Estado, Óscar Moreno Gil, para auditar sus finanzas. De sus informes, nada se sabe. Un portavoz de la Zarzuela confirma que sigue trabajando en la Casa, está integrado en su estructura y cobra de ella, de la asignación de los 8,43 millones. ¿Cuánto percibe? "Como un director general de la Administración, algo menos", contesta. ¿Qué hace? "Comprobar que se acoplan las partidas de ingresos y gastos". "No hay por qué pensar que se ha dilapidado", dice Gómez.
"Van a tener que renovar su discurso, reinventarse", señala un experto 
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no ha llegado a aprobar su Ley de Transparencia, cuyo anteproyecto se presentó el pasado 29 de julio, cuando se anunció el anticipo electoral. Nada explicitaba acerca de la Casa Real. Y eso que el Convenio Europeo sobre Acceso a los Documentos Públicos, al que el borrador se remite, contempla como excepción del derecho "la comunicación" del Ejecutivo "con la familia real y su Casa". Rajoy también prometió una norma de transparencia.
Victoria Anderica, de Access Info, una de las ONG que más ha peleado por una Administración de cristal, defiende que la monarquía también ha de quedar afectada en una futura Ley de Transparencia, si bien "entiende" que la cláusula europea permite restricciones.


06. Las medidas
La lucha se retoma
Esta semana, en cuanto se agravaron las sospechas en torno a Urdangarin y su círculo, siguieron las imputaciones y trascendió, a través de este diario, que los duques y sus empresas adquirieron bienes por casi 7,3 millones en cuatro años, la izquierda anunció más iniciativas.
Lógico, avisa Dader: "Este caso puede servir de acelerador para instalar un mayor clima de opinión a favor de la transparencia". Esa exigencia ya existía, "difusa", pero se ha visualizado aún más con el 15-M. "Irá en aumento, seguro –añade Rodríguez Castromil–. Ha calado en un sector de la izquierda que ha dejado al PSOE y pide regeneración democrática".
ICV registrará en el Senado la propuesta de prohibir la participación en empresas de miembros de la familia real que cobren del erario público. IU, ERC y BNG lo suscriben. Demandarán la declaración de bienes e intereses de la Corona, la fiscalización de sus dineros por el Tribunal de Cuentas. Temen la oposición de PSOE y PP que, como censura Torres del Moral, han "perpetuado el tabú, son excesivamente contemplativos, discretos, más deferentes con la monarquía de lo que exige el guión". "Más que nunca, la Mesa no tiene razones para vetar", enfatiza Llamazares. Y si vuelve el muro, volverá la "lucha ideológica", según Tardà: "Hay que mantener viva la llama. Contribuimos a abrir camino, incluso con la desfachatez, y eso que al principio nos llamaron frikis".
El caramelo amargo del caso Urdangarin puede durar en la boca de la Corona todavía mucho tiempo. Justo cuando se suman los rumores sobre la salud del rey, se dispara el debate sobre la sucesión y se aletarga el recuerdo del 23-F en el imaginario colectivo. Rodríguez Castromil, como otros expertos, deja una receta sobre la mesa: "La monarquía va a tener que renovar su discurso ante la sociedad para obtener la legitimación con su gestión del día a día. Reinventarse, hacerse valer más allá de las portadas del corazón". 

CONFIANZA A LA BAJA EN LA ÚLTIMA DÉCADAEl gráfico de arriba habla por sí mismo. En los últimos 16 años, la nota que los españoles conceden a la monarquía ha ido cayendo. Desde el 7,48 de puntuación media de diciembre de 1995 hasta el suspenso alto de 2011. El CIS del pasado octubre también revelaba que para el 29,7% la Casa del Rey suscitaba poca o ninguna confianza, un dato que José Luis Dader tilda ya de “peligroso” para los intereses de la Zarzuela. Torres del Moral atribuye el desplome de la calificación precisamente al "halo de misterio, de ocultación, de falta de transparencia" que pesa aún sobre la Casa. 
La monarquía era, en octubre, la tercera institución mejor valorada, tras el Ejército (5,65) y los medios (4,97).

Caso Urdangarin Hacienda cifra en más de 16.000.000.-€, los cobros de la trama de Urdangarin

La entidad sin ánimo de lucro Instituto Nóos y la constelación mercantil que giraba en torno a ella permitieron a Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres, reeditar el milagro de los panes y los peces en sólo nueve años. Entre 2002 y 2010, según consta en el informe de Hacienda al que Público ha tenido acceso, el holding que formaban la asociación y varias sociedades controladas por el duque de Palma y/o Torres facturó al menos 16,06 millones a 103 entidades públicas y privadas.
Esa es la cifra que se alcanza al sumar los ingresos que, procedentes de administraciones públicas o compañías ajenas al entramado, declararon en cada ejercicio la ONG que presidió el yerno del rey y las siguientes sociedades: Nóos Consultoría Estratégica SL, Aizoon SL, Virtual Strategies SL, Intuit Innovation Lab SL y Shiriaimasu SL. En resumen, el núcleo duro empresarial de la trama que, según el juez del caso, urdieron Urdangarin y Torres para "apoderarse" de fondos públicos.

La gran vendedora del grupo fue la ONG. Logró al menos 8,28 millones

A efectos meramente contables, a los 16,06 millones de negocio real hay que añadir otros 8,8 millones que esta especie de holding formado por la ONG Instituto Nóos y las sociedades antes referidas computaron como ingresos por pagos cruzados entre ellas. Según fuentes del caso, con el cruce o triangulación de facturas, las cinco sociedades centrales del entramado incrementaban a conveniencia gastos o beneficios para pagar menos impuestos.

Quienes conocen el caso dan por hecho que el monto de la cifra global de negocios del conglomerado Nóos crecerá a medida que avancen las pesquisas. De hecho, el informe de Hacienda, fechado cuatro días antes de los registros de Barcelona, ya incluye trazos sobre otras piezas de la trama. Por ejemplo, de Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, de los bufetes de la mujer y los cuñados de Diego Torres y de la sociedad De Goes Center Stakeholder Management SL. A esa última se le atribuye el desvío de 300.000 euros a una cuenta ligada a otra sociedad con sede en el paraíso fiscal de Belice. La operación se habría hecho a través de Reino Unido, a donde, sin causa conocida, el Instituto Nóos comenzó a transferir 420.000 euros en las mismas fechas de 2007 en las que De Goes envió allí otros 50.000 euros.

El eje del negocio era el Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 logró 5,8 millones públicos en Valencia y Palma. Una cifra idéntica llegó en ese cuatrienio desde la asociación a las cuentas de las cinco empresas que centran el informe de Hacienda. Dentro del grupo, la ONG fue la mejor vendedora. A finales de 2006, ingresó hasta 7,98 millones. Y en 2007, recibió otros 600.000 que el Govern balear le adeudaba.

Las dos firmas con participación directa de Urdangarin

Pero, tras la asociación, fueron las dos empresas con participación directa de Urdangarin las que mejor parte se llevaron: Nóos Consultoría Estratégica SL, donde el duque ostentó el 50% de las participaciones al menos hasta 2006, y Aizoon SL, cuya propiedad comparte con su esposa al 50%. En 2010, ambas habían acumulado una cifra de negocio de 4,9 millones facturados fuera de la presunta trama. A ellos se suman los 3,5 pagados por el Instituto Nóos.

Cumbres públicas turístico-deportivas, carísimos estudios privados que a veces se plagiaron y asesoramientos empresariales fueron la clave del vertiginoso éxito de un grupo nucleado en torno a Urdangarin y propulsado por su posición en la familia del jefe del Estado. Una frase pronunciada hace una semana por el expresident balear Jaume Matas indica que hubo trato de favor: "Era impensable dijo que el Gobierno Balear respondiera a la oferta de colaboración del duque de Palma diciéndole que convocaríamos un concurso y que se presentara y lo ganara". 

Los 16,06 millones que acumularon el Instituto Nóos y las cinco sociedades analizadas conforman el paquete real de dinero que el entramado facturó a grandes pagadores, como el Gobierno Balear (2,5 millones, de los que 294.000 fueron directamente a Urdangarin) y la Generalidad y el Ayuntamiento de Valencia (3,5 millones). Sólo las cantidades satisfechas por la Administración balear y la valenciana suponen casi el 40% de la facturación total del Instituto Nóos y sus cinco empresas satélite.

La trama emitió, además, otros 8,8 millones en facturas cruzadas

Grandes firmas, grandes pagos

Pero al zurrón del clan Nóos también aportaron su grano o su montaña múltiples compañías privadas y entidades sin ánimo de lucro. La nómina es tan dispar que hace vecinas a instituciones como la Sociedad Rectora de la Bolsa, que pagó 5.000 euros al Instituto Nóos, y a empresas de asesoramiento deportivo, como la de Valero Rivera, actual seleccionador nacional de balonmano, el deporte de Urdangarin. El caso de Valero Rivera Asesoramiento Deportivo SL no es relevante por las cantidades (53.360 euros), sino porque las pagó a tres sociedades: Intuit, en 2007; Shiriaimasu, en 2008; y Aizoon, en 2009.

En los primeros puestos del ranking de clientes de la trama figuran Volkswagen Audi (2.286.548 euros) y la editora de revistas deportivas Motorpress (1.390.840 euros), de la que Urdangarin fue consejero hasta 2009 y que figura en el auto por el que el juez lanzó los registros de Barcelona. Este diario intentó, sin éxito, contactar con Motorpress.

También consta Telefónica, (703.851 euros), en cuya filial internacional ocupa el duque un asiento de su consejo. Y aparece, claro, la SGAE (528.000 euros, aunque podrían acercarse a los 700.000). Igualmente se hacen hueco el BBVA (502.020) y Mixta África (445.440), donde tienen acciones los Urdangarin-Borbón.

La pauta se observa en otras empresas. Por ejemplo, Bancaja y su fundación pagaron al Instituto Nóos. Aguas de Valencia, a Intuit Strategy. La sospecha de que quienes pagaban conocían la conexión intersocitaria se afianza. Como ocurre con los abonos de la SGAE, que pagó también a Intuit y al Instituto Nóos. Según fuentes del caso, nada delictivo hay en esos pagos, aunque la afirmación posee carácter genérico y no se refiere ni a la turbulenta SGAE ni a sociedades como Gecsa Formación, que pagó 213.437 euros y en cuyas cuentas bancarias tuvo firma Torres hace años.

Entre los clientes de Urdangarin que superaron el listón de los 100.000 euros se encuentra Roig Grupo Corporativo SL, propiedad de Francisco Roig, expresidente del Valencia y hermano de Fernando Roig, que a su vez es dueño del Villarreal CF. Tanto Roig Grupo Corporativo (181.250 euros) como el Valencia CF (58.000 euros) pagaron al Instituto Nóos. Y aunque los datos que obran en poder de este periódico no consignan pagos del Villarreal CF, distintos medios han publicado que abonó 690.000 euros por un informe copiado de internet.

No era excepcional que el mismo cliente pagase a varias firmas de la trama

Otra de las grandes fuentes privadas que nutrieron las arcas del bloque Nóos fue Abarca Sports SL, peso pesado en el ciclismo profesional. Abarca pagó a Nóos Consultoría Estratégica SL 290.000 euros. A tenor de lo investigado, ese pago guarda relación con las gestiones de Urdangarin para que un equipo ciclista se rebautizara como Illes Balears.

Dos compañías petroleras, Repsol y Cepsa, constan igualmente en la lista. La primera pagó 237.800 euros al Instituto Nóos entre 2005 y 2006. La segunda, 30.446 a Nóos Consultoría en 2003.

E irrumpen aquí tres entidades sin ánimo de lucro: Mutua Intercomarcal (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), Fundación Abertis y Fundación ESADE, ligada a la escuela de negocios donde se graduó Urdangarin y en la que conoció a Torres.

Entre los clientes del grupo hay otras empresas señeras como Meliá Hotels (105.640 euros), Toyota (58.000), Gas Natural (55.680), Altadis (43.500) y Tous (69.020). Por lo que respecta a Telefónica, uno de los trabajos que pagó al Instituto Nóos, en 2006 y por 106.720 euros, se corresponde con la elaboración de un estudio de 134 páginas. Se titula El compromiso con los stakeholders y lleva por subtítulo Manual para la práctica de las relaciones con los grupos de interés, informa Pedro Águeda.

Pero, posibles excepciones al margen, es en los ingresos procedentes del erario público donde el juez observa indicios de prevaricación (por adjudicar presuntamente la Administración valenciana y el Gobierno balear contratos de manera ilegal) y malversación (uso ilícito de dinero público).

Las fuentes consultadas aseguran que tampoco son objeto de investigación los pagos de otras administraciones, como la Generalidad de Cataluña.

El Rey paga a las infantas según los actos alos que acuden

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Manos Limpias expone que "la infanta Cristina era secretaria de Aizoon, una de las empresas a las que el Instituto Nóos desvió fondos y que también firmó el convenio en el ayuntamiento de Alcalá de Henares, así que era tanto o más responsable que su marido y que en su posición en la empresa, debía levantar actas y dar fe de lo que se hacía".
El sindicato ha presentado así tres denuncias una en la AN, por el pago de 750.000 euros por parte de la SGAE al instituto; y otras dos en la Agencia Tributaria, por todo el entramado societario que constituiría el instituto Nóos.
Manos Limpias también quiere que se le aparte del consejo de Telefónica porque si se le imputa no cumplirá con los requisitos del buen gobierno de una multinacional. Según Miguel Bernad Remón, del sindicato, se presentarán como acusación popular y podrían pedir que también se investigue a la infanta Cristina.
Tal y como publica La Otra Crónica, así podrían acceder a las cuentas de la infanta y tener constancia de todos sus ingresos, incluyendo provenientes de la asignación de 8,4 millones que el Estado destina a Casa Real y que el Rey distribuye libremente. El sueldo de las infantas es una variable que depende del número de actos oficiales en los que participen, de acuerdo a las fuentes consultadas por LOC.
Según fuentes cercanas a la institución real, "es muy difícil saber cómo el Rey distribuye su asignación. Sólo el jefe del a casa y el propio monarca lo saben".
Trazando un paralelismo con las cuentas de la casa real británica. El príncipe Eduadro cobra 163.000 euros, que divididos entre los 325 actos en los que participa anualmente salen a 459 euros por cada uno. El príncipe Andrés cobraría algo similar pero el número de actos en los que participa son casi el doble.
Si aplicamos esta proporción a la Casa Real española, y en vista de los 21 actos que la infanta Cristina ha protagonizado, su sueldo apenas ascendería a los 9.600 euros. No obstante, por su labor en la Fundación La Caixa cobra 200.000 euros.

La Policía interroga a técnicos de la Ciudad de las Ciencias por los contratos con Urdangarin

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La Policía Judicial está tomando declaración a los técnicos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias S.A. (Cacsa) que participaron en los contratos suscritos con el Instituto Nóos para la celebración de Valencia Summit, por los que la entidad presidida por el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, recibió 3,4 millones de euros.

Asimismo, el fiscal que instruye este caso, desplazado a la Ciudad de la Justicia, también está tomando declaración al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, por su relación con este asunto.
Sin embargo, los primeros en comparecer ante el fiscal para explicar los pormenores de los contratos firmados entre la Generalitat y el Instituto Nóos fueron, el jueves, tres altos cargos de la Administración valenciana.

Se trata de José Salinas, director del Valencia Convention Bureau, la fundación controlada por el Ayuntamiento de la ciudad mediante la que se firmó con Nóos el convenio para organizar las jornadas Valencia Summit; Jorge Vela, director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) entre 2005 y 2009, y José Manuel Aguilar, que dirigió Cacsa entre 2002 y 2005. Estos dos últimos, según el Gobierno valenciano, declararon acompañados por su abogado.

Salinas, preguntado por este periódico, aseguró que sólo fue requerido para certificar la veracidad de la documentación confiscada en su día por la Policía Judicial.

El pasado 8 de noviembre, agentes de la Seguridad del Estado se personaron en la Consejería de Presidencia y en Cacsa para llevarse todos los expedientes de los contratos.

A la celebración del Valencia Summit durante los años 2004 y 2005, unas jornadas sobre los efectos de los grandes eventos en el turismo por las que el Gobierno valenciano y el Ayuntamiento de Valencia pagaron conjuntamente 3,5 millones de euros, según se ha reconocido de manera oficial, se suma otro contrato firmado por el ex presidente Francisco Camps y el propio Urdangarin, para lograr que la ciudad albergara unos hipotéticos Juegos Europeos.

Por esta misión, el duque de Palma percibió 382.000 euros, aunque el montante total del convenio ascendía a tres millones de euros.

Baleares pagó 445.000 € a Noós por un observatorio que nunca funcionó

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El Gobierno balear pagó en 2007 un total de 445.000 euros al Instituto Nóos, que presidió Iñaki Urdangarín, por crear el Observatorio Permanente de Deporte y Turismo, un organismo que no llegó a funcionar.
Así lo muestran dos facturas, a las que ha tenido acceso Efe, contenidas en el sumario de la pieza del caso Palma Arena que investiga el supuesto entramado de empresas que tejieron Urdangarín y su socio Diego Torres para desviar dinero público a través de Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que ambos presidieron.
El Gobierno balear pagó un total de 2,3 millones de euros a Nóos para organizar dos congresos de turismo y deporte en 2005 y 2006. En el caso de este último congreso, el convenio entre el instituto y el Ejecutivo también contemplaba la creación del observatorio.
El coste de este observatorio con vocación permanente estaba incluido en los 1,1 millones que se comprometió a pagar el Govern a Nóos y que el Ejecutivo fue desembolsando en varias facturas.
Las cuatro primeras facturas, en las que se especifica que son por la celebración del congreso, el Gobierno abona, a través de la Fundación par el Apoyo y la Promoción del Deporte Balear, 250.000 euros en octubre, 100.000 euros en noviembre 150.000 euros en diciembre de 2006, así como otros 140.000 euros en enero de 2007.
Tres meses después, en abril de 2007, el Gobierno pagó a Nóos otras dos facturas por 306.000 y 139.000 euros como honorarios correspondientes al Observatorio Permanente de Deporte y Turismo.
La iniciativa de este observatorio surgió del primer foro sobre turismo y deporte celebrado en 2005 y el organismo tenía la vocación de contar con el impulso del Gobierno Balear, la colaboración de la Universidad de las Islas Baleares y de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), así como el patrocinio de empresas privadas.


El fiscal define a Nóos como "una especie de ONG" que en realidad sirvió para fines lucrativos
La labor del observatorio era generar información estratégica sobre la evolución a nivel mundial de las sinergias entre el deporte y el turismo y ofrecer una perspectiva comparada de los destinos internacionales más innovadores en este campo.
En la celebración de las jornadas de 2006 se explicó que ya se contaba con este observatorio permanente y se presentó un estudio elaborado por él, pero a partir de ese momento no se registró ninguna actividad otra de este organismo.
La Fiscalía Anticorrupción y el juez José Castro, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, investigan en esta pieza del Palma Arena un supuesto "entramado societario" de Urdangarín y su socio para "apoderarse" de fondos públicos y privados que recibía el Instituto Nóos.
Así define la Fiscalía Anticorrupción en un auto del juez Castro las supuestas irregularidades que se investigan en esta pieza, y abunda en que "la única finalidad perseguida con la asunción o toma de control del Instituto Nóos era contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro". El fiscal define a Nóos como "una especie de ONG dedicada a proyectos sociales", cuando sostiene que en realidad sirvió para fines lucrativos.

la ONG de Iñaki Urdangarin sacó de España más de 400.000.-€

                                                     

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El Instituto Nóos, la ONG capitaneada por Iñaki Urdangarin y su socio y cuyos negocios con el Govern balear y la Generalitat valenciana están ahora sujetos a investigación judicial, envió a Reino Unido 420.000 euros a lo largo de cuatro meses de 2007 mediante varias transferencias.

Para qué quería una ONG sin filiales ni proyectos conocidos en suelo británico remitir semejante cantidad de fondos es una de las preguntas aún sin respuesta: ayer volvió a ser imposible para este periódico conocer la versión del duque de Palma y/o la de su socio Diego Torres. Y las cuentas de la asociación no constan depositadas en ningún registro público. 
DE GOES-CENTER, otra empresa del grupo, también envió dinero a Gran Bretaña
Pero de lo que no queda duda, y así lo refleja el informe elaborado por Hacienda al que Público ha tenido acceso, es de que las órdenes de transferencia existieron. Y está igualmente fuera de discusión que la primera orden de envío de fondos fue cursada por el Instituto Nóos un día antes de que la empresa De Goes Center Stakeholder Management SL http://www.empresite.com/GOES-CENTER-FOR-STAKEHOLDER-MANAGEMENT.html, pieza clave en la trama societaria urdida en torno al Instituto Nóos, mandase otros 50.000 euros: también a Reino Unido y a través de la misma entidad crediticia. Esos 50.000 euros equivalen a casi el 25% de lo que De Goes ingresó del Instituto Nóos en 2006. 

Tres sociedades, una mano
Los investigadores dan por hecho que la trama llevó fondos a Luxemburgo 
La relevancia de De Goes Center viene dada porque fue la empresa que, supuestamente pero a tenor de lo ya investigado, desvió en torno a 300.000 euros a una cuenta ligada a una sociedad domiciliada en el paraíso fiscal de Belice y con filial europea en Londres. Según todos los indicios, los fondos evadidos supuestamente por De Goes acabaron en una cuenta de Luxemburgo.
La compañía creada en Belice también se llama De Goes Center aunque carece de vinculación societaria formal con su homónima española. Pero detrás de las tres firmas mercantiles la del paraíso fiscal caribeño, la británica y la española están las mismas personas. 
Urdangarin y su socio siguen sin ofrecer explicación alguna sobre el caso 
Todas ellas comandadas, al menos en apariencia, por Diego Torres, socio de Urdangarin oficialmente hasta junio de 2006 y su sucesor al frente del Instituto Nóos a partir también de esa fecha. Según el juez José Castro, que investiga el caso dentro del sumario Palma Arena, Urdangarin y Torres utilizaron el Instituto Nóos para "apoderarse" de fondos públicos y desviarlos a sus bolsillos a través de una trama societaria. 
El ejemplo de De Goes afianza la afirmación del juez. Con apenas seis meses de actividad cuando finalizó 2006, De Goes Center barcelonesa arrancó su carrera empresarial de manera fulgurante: al cierre de 2006, había cobrado nada menos que los 208.000 euros citados del Instituto Nóos, y así lo hizo constar en el llamado Modelo 347 de Hacienda. Fueron sus únicos ingresos, lo que cimienta la sospecha de que la asociación "sin ánimo de lucro" y sus empresas satélite funcionaban como un todo. 

En sus primeros seis meses, De Goes cobró de la 'ONG' 208.000 euros 
De Goes se convirtió de ese modo en una de las seis sociedades del conglomerado en cuyas manos terminaron de forma íntegra los 5,8 millones que el Instituto Nóos había conseguido del Ejecutivo valenciano de Francisco Camps y del balear de su correligionario Jaume Matas. Con su marchamo de asociación sin ánimo de lucro como pantalla, Instituto Nóos obtuvo esos 5,8 millones no a través de contratos públicos sino de convenios adjudicados a dedo. 
El ranking de empresas que terminaron deglutiendo el suculento pastel cocinado por el Instituto Nóos junto con Camps y Matas tiene en su primer puesto a Nóos Consultoría Estratégica SL. Hasta junio de 2006, la sociedad perteneció por mitades a Urdangarin y Torres.
Cuándo cortó el duque su relación real con Nóos aún se investiga 
Entre 2004 y 2007, Nóos Consultoría y Aizoon SL propiedad del duque y su esposa cobraron 3,5 millones del Instituto Nóos, la asociación sin ánimo de lucro en cuya cúpula se situaba el mismo Urdangarin. Las dos empresas son titulares de cinco pisos en Palma y uno en Terrasa. Aunque todos fueron adquiridos en pleno boom del ladrillo y coincidiendo con el cuatrienio dorado del Instituto Nóos (2004-2007), el precio conjunto escriturado es de 1.285.337 euros para los seis inmuebles más dos garajes y otros tantos trasteros.

Si el marido de Cristina de Borbón cortó realmente amarras con el Instituto Nóos cuando cesó como presidente o si mantuvo vinculaciones fácticas con la asociación es algo que todavía se investiga. Como informó este diario el pasado lunes, el yerno del rey seguía figurando como autorizado en una cuenta del Instituto Nóos tanto en 2007 como en 2008. En 2007, esa cuenta sumó abonos por 3.832.820 euros. 
Imputado desde julio, Torres fue interrogado de nuevo durante la semana del 7 de noviembre, cuando el juez ordenó una batida de registros en Barcelona. El socio de Urdangarin utilizó esta vez una táctica que buscaba ser sutil: sugerir que no podía hablar de De Goes Center ni de a dónde iba el dinero porque se trataba de un asunto "muy serio". 

De esa forma, el antiguo profesor de Urdangarin en Esade lanzaba un mensaje pretendidamente subliminal: que los hilos estaban en manos de alguien mucho más poderoso. Por el momento, ningún indicio apunta en esa dirección.

Urdangarín utilizó la casa real como reclamo habitual para sus negocios

                                                   

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Iñaki Urdangarín nunca tuvo problemas para utilizar su cargo para hacer negocios. Es más, usó a la Casa Real para sus fines particulares como método habitual.

La Casa Real se encuentra cada vez más envuelta en el caso Urdangarín. El nombre de la institución y el de la infanta Cristina eran el gancho habitual utilizado por el duque de Palma para hacer sus negocios, con los que podría haber incurrido en varios delitos.

Según informa El Mundo este miércoles, en la propuesta que remitía a sus clientes hacia constar que la Infanta Cristina y que el "asesor" de la Casa del Rey, Carlos García Revenga, a la sazón secretario de las infantas formaban parte de la directiva del Instituto Nóos.

Curiosamente a Revenga no se le mencionaba con su verdadera labor en Zarzuela y por ello le llamaba asesor de la casa del Rey. En Nóos era el tesorero mientras lo presidió Iñaki Urdangarín.
El objetivo de todo esto era hacer resaltar, aunque no fuera verdaderamente así, que la Infanta Cristina estaba detrás del proyecto que se presentaba a los distintos organismos y empresas. Este modus operandi lo repitió en numerosas ocasiones, como por ejemplo en Alcalá de Henares.

Curiosamente, Iñaki Urdangarín no daba puntada sin hilo. En una instantánea publicada por El Mundo aparecen los duques de Palma y sus hijos en la cabalgata de Reyes de Alcalá de Henares en el año 2003. Mientras tanto, negociaba con el regidor de la ciudad madrileña uno de sus convenios. Tras la estelar presencia de la familia en Alcalá, el alcalde le firmó el primer contrato.

Así aparecía en los escritos que Urdangarín presentaba a los posible clientes las ofertas del "filántropo" Instituto Nóos: "El Instituto está presidido por D. Iñaki Urdangarín. En la Junta Directiva también se integra S.A.R. La Infanta Dña. Cristina, D. Carlos García Revenga, Asesor de la Casa de S.M. El Rey, D. Diego Torres, profesor de ESADE, y D. Miguel Tejero, profesor de IESE".

La carta de presentación de Urdangarín: al estar yo, va a entrar todo el mundo

                                            

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El duque de Palma utilizaba su cargo institucional como carta de presentación para conseguir convenios para su Instituto Nóos.

Iñaki Urdangarín y Diego Torres no tenían ningún tipo de problema a la hora de vender los servicios del Instituto Nóos por toda España. "Por el hecho de estar yo, va a entrar todo el mundo, la primera La Caixa", decía a sus futuros clientes para convencerles para que contrataran sus servicios.
Esta recurrente frase y sus correspondientes versiones eran la carta de presentación del duque de Palma y su socio Diego Torres para contactar con organismos, administraciones y empresas. Así también lo confirman ediles de Alcalá de Henares, ciudad donde dieron uno de sus múltiples pelotazos.

Según El Mundo, de este modo consiguieron cuatro contratos menores por valor de 33.000 euros. La idea de fichar al duque de Palma salió del exalcalde socialista, Manuel Pinado y su sucesor, Bartolomé González, también mantuvo durante un tiempo sus acuerdos.
El primer justificante se produjo entre 2002 y 2003 por un importe de 8.132 euros por el "diseño y organización de una jornada sobre patrocinio y mecenazgo en las empresas, incluyendo los honorarios de los tres ponentes". Más tarde, el Ayuntamiento abonó otras tres facturas al duque y su socio: dos por 7.000 euros y otro por 10.800.
Sin embargo, la ruptura se produjo cuando ambos socios se descolgaron con una oferta que pasaba por entregarles 30.000 euros anuales. Ni siquiera la recurrente frase de Urdangarín: "por el hecho de estar yo, va a entrar todo el mundo, empezando por La Caixa, hizo cambiar de opinión al consistorio.
Negocios en África
Además, el informe que ha realizado Hacienda revela que Urdangarín también cobró por asesorar sobre proyectos inmobiliarios en África. Así lo recoge el diario Público, que asegura que la sociedad Aizoon, propiedad de los duques de Palma, facturó 365.000 euros a Mixta África entre 2006 y 2009.
Un portavoz de esta compañía admite que los pagos eran por "asesoramiento para su implantanción" en el continente africano. El mayor accionista de esta empresa es el príncipe saudí, Alwaleed bin Talal.

Sin apenas impuestos
Por su parte, El Economista añade que tanto Aizoon como Nóos Consultoría Estratégica lograron ingresos entre 2005 y 2010 por un importe de más de más de 5 millones lo que no impidió que durante ese periodo tan sólo abonaran en impuestos 261.000 euros, el 5,2 por ciento.
Con una plantilla prácticamente inexistente y sin apenas gastos de explotación, estas dos sociedades habrían conseguido reducir los beneficios que declaraban y así defraudar a Hacienda