Según eleconomista.es, El futuro presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy ha prometido ante la UE una "profunda reforma laboral" y cumplir con el déficit. En su intervención ante el plenario del Congreso del Partido Popular Europeo, que ha tenido lugar después de las de otros dirigentes, como el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, Rajoy ha señalado que España necesita "reducir el riesgo" de su deuda soberana, acometer "reformas estructurales" que fomenten el crecimiento y la competitividad, estimular el ahorro y hacer aumentar sus exportaciones.
También ha anunciado que la primera medida que tome su Gobierno será una ley que desarrolle el mandato constitucional, recientemente introducido en la Carta Magna, que consagra el equilibrio de las cuentas públicas y "hace de la austeridad en la gestión de los recursos públicos, una norma de conducta permanente".
Mañana, el presidente en funciones, Jose María Zapatero, se reunirá con los líderes europeos. Pero según inereconomía.com, Merkel, Sarkozy y Draghi ya pactarán medidas antes de la cumbre.
Los recortes, grandes o pequeños, siempre han de tenerse en consideración. Da lo mismo que estemos hablando de millones de euros que del chocolate del loro, lo cierto es que hay que agradecer que nuestros políticos piensen de una vez por todas en que tienen un sueldo como Dios manda para que encima sigan trincando de la teta presupuestaria (cada vez más escuálida) y conseguir unas prebendas que resultan escandalosas. Pero vamos, vistas ciertas declaraciones, no es de extrañar que haya políticos que aún se resistan a perder el maná del todo gratis o todo pagado. Lo peor, es que estas ideas de que salir como diputado da derecho a la barra libre son incluso defendidas por gente joven, representantes que debieran luchar por todo lo contrario.
Y es que las palabras de Toni Canto, de UPyD, sobre su renuncia al pago del hotel y al ADSL de su casa han sido ninguneadas por algunos diputados, pero especialmente llamativa ha sido la defensa casi numantina que de sus privilegios como parlamentario ha realizado Pablo Casado, del PP. Según su criterio, recortar en eso no es lo relevante, dando pie a entender que a él si le gustará que le abonen los gastos de hotel y de ADSL.
Resulta penoso, desde luego, escuchar a esta gente que llega con tan tierna edad a un lugar tan sagrado como el Congreso y, lejos de buscar la necesaria renovación, que se decanten por la vieja norma no escrita de pedir que primero recorten en lo grande, un pensamiento tan decimonónico como equivocado. Sinceramente, en buena lid, ¿creen que alguien que no es capaz de asumir que hay que recortar en el detalle será capaz de ponerle coto a los grandes despilfarros? La respuesta, lógicamente, ha de ser necesariamente negativa.
Sólo espero que quienes entren ahora, los políticos del PP, se den cuenta de una vez por todas que no estamos para bromas, que aquí hay que meterle podadora a todo, a lo grande y a lo pequeño, que España no está para regalar, siquiera, caramelos a céntimo. A mí, como a cualquiera de ustedes, no me pagan la factura del móvil o el abono transportes, todo corre de mi cuenta. Tal vez ha llegado el momento de plantearse la privatización de las administraciones públicas. Sólo así será posible que los dineros se inviertan realmente en lo necesario, no en pagarle el caprichito a 600 políticos que, en muchos casos, están fuera de la realidad.
Nadie quiere creerlo y se va a hacer todo lo posible para evitarlo pero lo cierto es que la posibilidad de una ruptura del euro o la salida de algunos países de la Unión Monetaria está ahí y cobra fuerza a medida que pasan los días y las semanas sin una solución a la crisis de deuda. Por ese motivo, algunos bancos centrales ya están preparando un plan de acción por si finalmente la moneda única salta por los aires no quedarse en cuadro, según publica este jueves The Wall Street Journal.
De hecho, hoy mismo el ministro de Asuntos Europeos de Francia, Jean Leonetti, ha avisado que "el euro puede explotar y deshacer Europa", uniéndose así a las cada vez más numerosas voces que avisan sobre lo peligroso de la situación. A la espera de conocer que ocurrirá mañana en la Cumbre en la que los líderes de la Unión Europea tienen que acordar una solución a la crisis de deuda, The Wall Street Journal apunta a que las primeras señales que ponen de manifiesto que algunos bancos centrales se están preparando para lo peor es que están pensando como resucitar sus divisas a través de notas bancarias que no se han impreso desde que los primeros euros entraron en circulación en enero de 2002.
Es el caso de Banco Central de Irlanda, que está estudiando la necesidad de asegurarse nuevas prensas en el caso de que finalmente tengan que emitirse nuevas notas bancarias para apoyar el renacimiento de la libra irlandesa. Pero no sólo eso, fuera de los 17 países de la zona euro, muchos bancos centrales se están preparando para adoptar medidas defensivas destinadas a protegerse contra una ruptura del euro, incluida Suiza, y la competencia que va a surgir para remplazarlas como punto de referencia o para mantener su valor estable.
No obstante, aunque se tratan de estudios muy preliminares y que no parece que den por hecho la ruptura final de la unión monetaria, el mero hecho de que los bancos centrales hayan comenzado a cubrirse las espaldas 'por si acaso' es lo suficientemente grave como para poner de relieve hasta qué extremos se ha deteriorado la situación. Todas las esperanzas están puestas en la Cumbre de líderes que comienza esta noche con una cena de trabajo y que se desarrollará durante toda la jornada del viernes. Si fracasan, muchos banqueros centrales y demás expertos ya han avisado que podría suponer la desintegración de la Unión Monetaria
Mientras los pequeños empresarios y los autónomos pagan el 30% en concepto de Impuesto de Sociedades, el cinepasta Pedro Almodóvar sólo paga el 1% en impuestos por sus ingresos, tal y como ha desvelado Guillermo Rocafort en su libro “SICAV, paraíso fiscal” (Editorial Rambla). No es justo, pero es más grave aún que parte de los ingresos de Pedro Almodóvar provienen de las cuantiosas subvenciones que se reparten entre el cine español, con lo que, por un lado, recibe dinero del contribuyente y por la otra no contribuye, de modo que es un negocio redondo...e injusto. Pedro Almodóvar fue uno de los multimillonarios afectados por la estafa de Madoff. Su fortuna es cuantiosa. Su productora, El Deseo posee 4.300 millones de euros en activos. La trama de empresas de los Almodóvar (Pedro, 84,9%, y su hermano Agustín, 15,1) incluye El Deseo, El Deseo Vídeo, El Deseo PC, El Deseo DA, El Deseo TV y Lolailo. En 2002, sólo El Deseo obtuvo unos beneficios de 3,1 millones de euros, y sus ingresos ascendieron a 11,6 millones.
Siendo, pues, multimillonario, ¿para qué hemos de subvencionarle? Pues, sencillo: para que sea multimillonario. Las subvenciones que recibió en los años 2005 y 2006 fueron de 2,3 millones de euros para sus películas y a 1,5 millones para su ditribuidora.Y para que no tenga que hacer desembolso alguno, el Ministerio de Cultura le subvencionó con 60.500 euros para que asistiera al Festival de Cine de Cannes a fin de presentar la película ‘Volver’. Sólo por ‘Hable con ella’ recibió del contribuyente un sustancioso pico: 300.506 euros.
Pedro Almodóvar, además de al cine, se dedica al negocio inmobiliario: hace pisos a través de la sociedad inmobiliaria Dock Inversiones. E incluso los alquila, merced a El Deseo Inversiones.
Todo lo que ingresa puede blindarlo en su SICAV y pagar sólo el 1% de impuestos, algo que les gustaría a todos cuantos han de rellenar la declaración de la renta. Es uno de los personajes a los que más se escucha hablar de solidaridad y recomendarla pero, a lo que se ve, para los demás, mientras él es el más insolidario del mundo, salvo para sí mismo. Sólo contribuye con un escuálido y ridículo 1%. Porque la Ley se lo permite, claro. Una Ley, a todas luces, injusta.
Según expansión.com, la Comisión Europea ha propuesto limitar los tipos reducidos de IVA que se aplican a determinados productos y servicios y ampliar la base del impuesto. Según eleconomista.es, han presentado una Comunicación en la que defienden que"El IVA debe ser más eficaz en su apoyo a los esfuerzos de los Estados para consolidar sus presupuestos y lograr un crecimiento económicos sostenible.
El segundo objetivo de la estrategia de Bruselas para reformar el IVA es combatir mejor el fraude fiscal. La Comisión Europea calcula que alrededor del 12% que debería ser recaudado nunca llega a las Haciendas públicas.
Semeta, el comisario de Fiscalidad, ha anunciado que en el próximo semestre se"examinará de forma sistemática los sistemas impositivos de los Estados miembros y propondrá recomendaciones para mejorar su calidad".
Además, la Autoridad Europea de Mercados ha anunciado que inspeccionará las agencias de rating. Según el mundo.es, esta investigación se ha hecho pública tras la amenaza de Standard and Poor's de rebajar la nota de solvencia de 15 países de la eurozona, entre ellos España.
www.regeneracionya.com La imagen parecía indeleble, inmune y blindada al paso del tiempo. Pero no es así. La fotografía de una monarquía de hierro ha ido amarilleando, cuarteándose conforme se alejaba la Transición, crecían las voces críticas, arreciaba el chaparrón por la falta de transparencia y la dureza de la crisis devoraba el crédito de las instituciones.
Y ahora, estalla el escándalo. Las operaciones opacas y el presunto desvío de fondos públicos de Iñaki Urdangarin. El marido de la infanta Cristina. El yerno del rey de España. Nada de peccata minuta, de un desliz intrascendente. Si en algo coinciden expertos y partidos de izquierdas consultados por Público –fuera queda el PSOE que, como el PP, rehusó opinar– es que el caso que rodea al duque de Palma es de una "tremenda gravedad", una "malísima noticia" para la Corona. Tanto que puede estar, de hecho, socavando la reputación de la Casa Real. Un deterioro nada trivial para una institución cuya imagen, "muy delicada", "se basa en el prestigio", como acentúa Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED y experto en la monarquía española. Esa, la duda sobre el daño a la Jefatura del Estado que puede infligir la investigación de los negocios del Instituto Nóos -que presidió Urdangarin hasta 2006-, es la primera incógnita que ahora se abre camino. Hay más: la futura actitud del rey si el duque fuera al final imputado, la necesidad de tasar las incompatibilidades con actividades privadas para miembros de la familia real, la reapertura del debate sobre la transparencia.
01. El parte de daños Al corazón de la Casa A las fuerzas minoritarias les solivianta el silencio de la Corona "La imagen de un miembro de la familia real ante un juez puede ser demoledora". El periodista José Apezarena, especialista en temas de la Corona, no esconde su preocupación por lo que califica de "una muesca más" en la mordida imagen de la Casa Real, "en muchos casos no por su culpa": el creciente sentimiento republicano, las quemas de fotos de los reyes, la presión de la izquierda minoritaria, el "¿Por qué no te callas?" gritado a Hugo Chávez, el varapalo a España por las supuestas injurias de Arnaldo Otegi contra el rey, las confesiones de la reina Sofía a Pilar Urbano y hasta el divorcio de la infanta Elena ("Los miembros de la famila real son lo que son porque son una familia, y si se debilitan los lazos, se diluye el sentido de la institución"). "Todo eso puede ser polémico, cuestionable, y hasta traducirse en una pérdida de apoyo. Pero el escándalo de Urdangarin es un salto cualitativo: hablamos de presunta corrupción", advierte Göran Rollnert, constitucionalista de la Universitat de València. Tampoco ponen paños calientes Gaspar Llamazares (IU), Laia Ortiz (ICV), Joan Tardà (ERC) y Francisco Jorquera (BNG). "Es el daño más importante a la Corona desde la Transición. Su credibilidad está tocada. Hablamos de posibles delitos muy graves. El que más, el presunto tráfico de influencias, el utilizar el nombre de la Corona para lucrarse. Nada es comparable", sentencia el diputado de IU.
Se suma un desgaste progresivo de la institución, comprobable con los datos del CIS. La valoración ciudadana de la monarquía se ha derrumbado desde el holgado notable –un 7,48 en diciembre de 1995– hasta el suspenso (un 4,89 el pasado octubre). Un batacazo último que se explica, para el catedrático de Periodismo-Comunicación Política de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) José Luis Dader o para la constitucionalista de la UNED Yolanda Gómez por el desapego hacia las instituciones que genera la crisis. "Aunque no es clase política, la Corona se ve contagiada –apuntala Antón Rodríguez Castromil, profesor de Opinión Pública de la UCM–. Cuando hay cinco millones de parados, recortes, sacrificios, la Casa Real también entra en los cálculos de los ciudadanos, que se preguntan si les compensa la monarquía. Y este caso entra de lleno en esta cuestión". Influye asimismo el relevo generacional –la Transición y el rol del rey el 23-F se diluye entre los jóvenes– y, como agrega Dader, el contexto internacional: los ciudadanos quieren "mayor cercanía y transparencia". No basta, dice, con la "campechanía" cañí de Juan Carlos I. Si el duque resulta imputado, será imprescindible que el rey se pronuncie Otros analistas, más cautos, aunque reconocen que "un caso como el del duque no es agradable" y puede mancillar el crédito de cualquier institución, creen que hay que separar. "Una cosa es la Corona, otra la familia y otra Urdangarin. No es un tótum revolútum, aunque vox pópuli se mezcle. Este asunto, que veremos en qué queda, no está relacionado con las funciones constitucionales del rey, el presupuesto de la Zarzuela o la línea sucesoria", señala Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gómez indica que "no existe el mismo rasero para Juan Carlos y su hijo, Felipe, que el que hay para las infantas". "Es un hecho serio", admite uno de los padres de la Carta Magna, el socialista Gregorio Peces-Barba, pero añade que "la gente sabrá comprender porque no le compete al rey". "Bajo ningún concepto se puede decir que también la monarquía es vulnerable a la corrupción", reivindica. Gonzalo Caro, miembro del Colegio de Politólogos y Sociólogos, refuta esa tesis: "Es inevitable: la gente asocia el nombre de Urdangarin a la Casa. Y los medios no le tratan como a un particular, sino como yerno del monarca". No sólo lo aborda así la prensa generalista, sino también las revistas del corazón, que han trasladado, para Torres del Moral, una imagen "frívola" de la Jefatura del Estado y a la que la Zarzuela no ha combatido "con información seria".
02. La respuesta La lógica prudencia La ausencia de una ley reguladora alimenta la incertidumbre A Ortiz, igual que al resto de portavoces de fuerzas minoritarias, le solivianta el "silencio", la mordaza que se ha impuesto la Zarzuela en el caso Urdangarin. Sin embargo, los estudiosos de las monarquías aclaran que ese silencio es la actitud esperable de unas instituciones que, según recuerda Freixes, aún se mueven por "reglas no escritas, por convenciones y la tradición". "Es de libro. No se debe cambiar el caballo a mitad del río", sanciona Dader. Caro no ve "contraprudente" la prudencia: "Debe mantenerla, por la presunción de inocencia y para que no se la acuse de interferir en la Justicia". Torres del Moral discrepa: "La Casa está tardando en sacar un comunicado. Debe ponerse del lado de la democracia, no del yerno". Rollnert aporta otra razón para "salir ya al paso", sin demora: "Está imputado el socio del duque [Diego Torres, su sucesor en la presidencia de Nóos], están imputados tres excargos valencianos por los contratos a Urdangarin. La infanta Cristina, que está en la línea de sucesión al trono, es copropietaria de una de las empresas implicadas en el escándalo [Aizoon SL]. Y además hay un contundente informe de la Agencia Tributaria. A la Zarzuela le perjudica la pasividad". Tanto Rollnert como Torres del Moral inciden en que no debe dejarse escapar un virtud capital para las monarquías. "Necesitan un comportamiento ejemplar. No se pueden permitir ni la más mínima sombra de duda", arguye el primero. "Si la familia real se asimila a una familia normal, se cuestiona entonces su estatus privilegiado. La Corona tiene que aparecer impoluta, cosa que no se requiere a un presidente de la República, pues si no gusta, se le echa", afirma el segundo. Por eso el jurista de la UNED subraya que no se puede dejar engordar la bola de nieve, "alimentar el rumor". El catedrático se declara "leal" a la Corona, de ahí que clame "ser jurídicamente severo con la Casa, pues la adulación es una solemne majadería".
03. El escenario Apartarlo de la Casa El secreto sigue amparando en qué se gasta el dinero la monarquía ¿Y si Urdangarin es finalmente imputado? Entonces ya será ineludible un pronunciamiento expreso de la Jefatura del Estado y el duque será, por lo menos, "apartado" de la familia real, según las presunciones que maneja la mayoría de analistas. "La Casa tendrá que tomar medidas y será el rey el que deba hacerlo. Mi hipótesis es que se le desvinculará del protocolo", avanza Apezarena. "Don Juan Carlos sabrá hacerlo de la mejor manera", responde lacónico Peces-Barba. Aunque bien podría suceder a la inversa: que el duque, motu proprio o "presionado" por la Zarzuela –como sugiere Torres del Moral–, se desligara de la Corona. Incluso esa solución tampoco se presenta libre de problemas. "No se puede dimitir del título de consorte de la infanta", recuerda Caro. Rollnert apunta otra complicación: "Dejaría a Cristina como tonta, como testaferro de las operaciones de su marido". Con todo, marginar a Urdangarin de la actividad pública de la familia real sería, en términos de comunicación política, una "actitud no proactiva, sino defensiva, de control de daños, de cortafuegos", suscribe Dader. El profesor defiende que, antes o después, la Zarzuela deberá replantearse "a medio y largo plazo" su estrategia. "¿Qué sería una política de comunicación más completa? Llegar a pedir perdón por lo ocurrido una vez se aclaren los hechos". Desde la Zarzuela reconocen que "no hay precedentes" en España de expulsión de un miembro de la Casa. "El duque apenas ha participado en actos públicos en los últimos años, más allá de aquellos de índole familiar. No obstante, él podía pedir que se le apartase", concede un portavoz. Está claro. No hay guía, ni hoja de ruta escrita para estos casos. Porque aparte de la Constitución y de reales decretos dispersos, no hay una Ley de la Corona, una petición que siempre han elevado los constitucionalistas conocedores de la materia. "Merece un desarrollo legislativo. Es momento de hacerlo, para regular con detalle todos los aspectos que conciernen a la Casa y recoger un código de incompatibilidades. Pero más urgente y útil sería si cabe un Estatuto de Miembros de la Casa Real, porque la figura del rey ya está desgranada en la Carta Magna", postula Gómez. Comparte su parecer Torres del Moral, viejo defensor de un Estatuto del Príncipe y del resto de la familia. No hay que olvidar, arguye, que sólo la persona del rey es "inviolable" e irresponsable de sus actos, como consigna el artículo 56. 3 de la Carta Magna. Freixes avala la conveniencia de una Ley de la Corona, ya que "no es muy oportuno que responsables de altas instancias del Estado mantengan actividades privadas que sean incompatibles con el prestigio de la institución". ¿Y si hay condena? "O se divorcian o la infanta renuncia a sus derechos sucesorios", rubrica Torres del Moral.
04. El frente político Transparencia otra vez "En una ocasión, un dirigente socialista me decía que si en un muro muy blindado haces un agujero, por pequeño que sea, al final se abre una vía de agua. Y ese es el miedo que se cierne sobre la monarquía: que cuando se comience a hablar, se hable de todo, hasta de su pecado original: que fue instaurada por un dictador genocida". El republicano Tardà se ha dado cabezazos contra esa muralla, una y otra vez, lo mismo que sus compañeros de IU, ICV y BNG. La última cruzada comenzó en la primavera de 2007, cuando ERC presentó varias iniciativas para que la Casa Real publicase sus finanzas. La Mesa del Congreso, con los votos de PSOE, PP y CiU, rechazó dos veces la demanda. Tardà acudió al Constitucional, que avaló la decisión de la Cámara en diciembre de 2008. En abril de 2009, el diputado se fue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que aún no ha emitido resolución. Mientras, se han multiplicado las preguntas y proposiciones de la izquierda minoritaria en las dos Cámaras. También del senador del PNV Iñaki Anasagasti. Muchas fueron tumbadas. La mayoría de expertos consultados cree que el camino hacia la transparencia está desbrozado. Ya es insorteable, juzgan. "Ha faltado sentido común y picardía -estima Apezarena-. Es un problema de cabezonería, no de principios. Se hará y no tardará mucho. Se cae por su propio peso". La esclavitud del 65.1 ICV quiere prohibir los negocios privados a los miembros de la Casa La Zarzuela parece haber tomado nota. Lleva meses anunciando que desnudará poco a poco sus cuentas. El momento va acercándose, confiesa un portavoz oficial a Público. "Muy pronto tendremos buenas noticias. Existe la voluntad de ser mucho más transparentes, porque además es una demanda de la sociedad perfectamente legítima que entendemos". ¿Hasta dónde alcanzará el destape? En la Casa Real evitan las comparaciones con las monarquías británica y sueca, que cuelgan en sus webs un completo informe del estado de sus finanzas y son, a ojos de ONG como Access Info, las más transparentes en el espectro europeo. De la monarquía española no se conoce nada. Se ignora el desglose de la partida de los Presupuestos Generales del Estado –8,43 millones en 2011, un 5,2% menos que el año anterior–, elconjunto de rentas, patrimonios e intereses de la familia o los impuestos que pagan. Sus asignaciones no están sometidas al control del Tribunal de Cuentas, según la propia web de la Corona. La Casa goza del escudo del artículo 65.1 de la Constitución, que consagra que el rey "distribuye libremente" la cantidad pagada por el Estado. "Una cosa es libremente y otra secretamente –protesta Torres del Moral–. Publicitar las cuentas no va en desdoro de la monarquía. Y es además una institución barata". Ahí descansa otra razón esgrimida por los especialistas: la Corona cuesta a los españoles menos que los Windsor a los británicos (32,1 millones de libras en 2011, unos 37,4 millones de euros) o que otras monarquías europeas. Valga un detalle ilustrativo: Buckingham Palace revela hasta el coste de la venta del helicóptero de la reina Isabel II. Gómez aduce que la redacción del 65.1 cierra la vía de una mayor apertura. Dader sí cree que convendría "una clarificación" en la legislación. Para Peces-Barba, las cuentas están "clarísimas" y el tema es "irrelevante". Caro, como otros analistas, niega "impedimentos legales". Jorquera, diputado del BNG, espera que en todo caso "no dependa de la graciosa voluntad del rey".
05. El interventor El custodio desconocido En 2007, cuando explotó la polémica por las iniciativas de ERC, la Casa Real reaccionó. El 24 de agosto, nombró a un interventor del Estado, Óscar Moreno Gil, para auditar sus finanzas. De sus informes, nada se sabe. Un portavoz de la Zarzuela confirma que sigue trabajando en la Casa, está integrado en su estructura y cobra de ella, de la asignación de los 8,43 millones. ¿Cuánto percibe? "Como un director general de la Administración, algo menos", contesta. ¿Qué hace? "Comprobar que se acoplan las partidas de ingresos y gastos". "No hay por qué pensar que se ha dilapidado", dice Gómez. "Van a tener que renovar su discurso, reinventarse", señala un experto El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no ha llegado a aprobar su Ley de Transparencia, cuyo anteproyecto se presentó el pasado 29 de julio, cuando se anunció el anticipo electoral. Nada explicitaba acerca de la Casa Real. Y eso que el Convenio Europeo sobre Acceso a los Documentos Públicos, al que el borrador se remite, contempla como excepción del derecho "la comunicación" del Ejecutivo "con la familia real y su Casa". Rajoy también prometió una norma de transparencia. Victoria Anderica, de Access Info, una de las ONG que más ha peleado por una Administración de cristal, defiende que la monarquía también ha de quedar afectada en una futura Ley de Transparencia, si bien "entiende" que la cláusula europea permite restricciones.
06. Las medidas La lucha se retoma Esta semana, en cuanto se agravaron las sospechas en torno a Urdangarin y su círculo, siguieron las imputaciones y trascendió, a través de este diario, que los duques y sus empresas adquirieron bienes por casi 7,3 millones en cuatro años, la izquierda anunció más iniciativas. Lógico, avisa Dader: "Este caso puede servir de acelerador para instalar un mayor clima de opinión a favor de la transparencia". Esa exigencia ya existía, "difusa", pero se ha visualizado aún más con el 15-M. "Irá en aumento, seguro –añade Rodríguez Castromil–. Ha calado en un sector de la izquierda que ha dejado al PSOE y pide regeneración democrática". ICV registrará en el Senado la propuesta de prohibir la participación en empresas de miembros de la familia real que cobren del erario público. IU, ERC y BNG lo suscriben. Demandarán la declaración de bienes e intereses de la Corona, la fiscalización de sus dineros por el Tribunal de Cuentas. Temen la oposición de PSOE y PP que, como censura Torres del Moral, han "perpetuado el tabú, son excesivamente contemplativos, discretos, más deferentes con la monarquía de lo que exige el guión". "Más que nunca, la Mesa no tiene razones para vetar", enfatiza Llamazares. Y si vuelve el muro, volverá la "lucha ideológica", según Tardà: "Hay que mantener viva la llama. Contribuimos a abrir camino, incluso con la desfachatez, y eso que al principio nos llamaron frikis". El caramelo amargo del caso Urdangarin puede durar en la boca de la Corona todavía mucho tiempo. Justo cuando se suman los rumores sobre la salud del rey, se dispara el debate sobre la sucesión y se aletarga el recuerdo del 23-F en el imaginario colectivo. Rodríguez Castromil, como otros expertos, deja una receta sobre la mesa: "La monarquía va a tener que renovar su discurso ante la sociedad para obtener la legitimación con su gestión del día a día. Reinventarse, hacerse valer más allá de las portadas del corazón".
CONFIANZA A LA BAJA EN LA ÚLTIMA DÉCADAEl gráfico de arriba habla por sí mismo. En los últimos 16 años, la nota que los españoles conceden a la monarquía ha ido cayendo. Desde el 7,48 de puntuación media de diciembre de 1995 hasta el suspenso alto de 2011. El CIS del pasado octubre también revelaba que para el 29,7% la Casa del Rey suscitaba poca o ninguna confianza, un dato que José Luis Dader tilda ya de “peligroso” para los intereses de la Zarzuela. Torres del Moral atribuye el desplome de la calificación precisamente al "halo de misterio, de ocultación, de falta de transparencia" que pesa aún sobre la Casa. La monarquía era, en octubre, la tercera institución mejor valorada, tras el Ejército (5,65) y los medios (4,97).
La agencia de calificación de riesgo Moody's ha advertido de que las comunidades autónomas españolas no podrán cumplir el objetivo de déficit del 1,3% por ciento este año, pese a los recortes abordados.
En un informe, la agencia deja constancia de que las regiones españolas han tomado medidas de austeridad y han recortado los gastos, especialmente en el sector de la educación y la sanidad.
Ello ha permitido ralentizar el crecimiento de los gastos operativos, que en los últimos cinco ejercicios ha crecido a una media anual del 9%.
Los últimos datos revelan que los gastos operativos se redujeron en el tercer trimestre en un 1,3%, comparado con un crecimiento del 0,3% en el segundo trimestre.
Sin embargo, avisa la firma, este esfuerzo no será suficiente, dado que los ingresos también están cayendo, un 3% en el tercer trimestre, aunque esta cifra está ocho décimas por debajo del trimestre anterior.
"Estos esfuerzos serán insuficientes para evitar que se supere el objetivo de déficit del 1,3% del producto interior bruto (PIB) para el conjunto del año".
"Como resultado -dice Moody's- mantenemos nuestra previsión de que las regiones probablemente excederán su objetivo (de déficit) en al menos un punto porcentual", lo que implica valoraciones negativas de crédito.
En los primeros nueve meses del año, el déficit de las comunidades autónomas se ha situado en el 1,19% del PIB, una centésima menos que en los primeros seis meses.
Aunque hasta septiembre esta cifra se sitúa todavía por debajo del objetivo del 1,3%, la agencia de calificación ve poco probable que se mantenga así, dado que "la mayor parte del gasto de las comunidades autónomas se produce en el último trimestre del año".
Como prueba, explica que el año pasado, el déficit en el tercer trimestre era del 1,2%, y en la última parte del año saltó hasta el 2,8%.
En los primeros nueve meses, el déficit operativo de las comunidades alcanzó los 5.100 millones de euros, lo que supone el 5,7% de sus ingresos operativos.
Cataluña, Castilla-La Mancha y C. Valenciana, a la cabeza
A la cabeza se encuentran Cataluña (que cuenta con una calificación Baa2 con perspectiva negativa), Castilla-La Mancha (Ba2 con posible revisión a la baja) y la Comunidad Valenciana (Baa2 con perspectiva negativa).
El déficit operativo de Cataluña era de 2.100 millones de euros, el de Castilla-La Mancha de 1.200 millones, y el de la Comunidad Valenciana con 1.100 millones.
Moody's pone de manifiesto que otras regiones españolas cuentan con un balance operativo casi equilibrado.
En términos generales, las comunidades autónomas han realizado un gran esfuerzo de recortes, que afecta sobre todo a los gastos de capital, que han caído a septiembre en un 14,7% con respecto al año anterior.
El nuevo gobierno del Partido Popular, apunta Moody's, deberá "hacer frente al problema fiscal de las comunidades autónomas, porque amenazan con aumentar las cifras nacionales de déficit para el próximo año".
"El control del Estado y la supervisión de las regiones ha sido históricamente ineficaz, y ha permitido a las regiones acumular grandes déficit", apunta la firma.
Aunque el cumplimiento de los objetivos de déficit tienen poco impacto en el corto plazo, Moody's indica que son "importantes para devolver la confianza a los mercados".
www.regeneracionya.com Manos Limpias expone que "la infanta Cristina era secretaria de Aizoon, una de las empresas a las que el Instituto Nóos desvió fondos y que también firmó el convenio en el ayuntamiento de Alcalá de Henares, así que era tanto o más responsable que su marido y que en su posición en la empresa, debía levantar actas y dar fe de lo que se hacía". El sindicato ha presentado así tres denuncias una en la AN, por el pago de 750.000 euros por parte de la SGAE al instituto; y otras dos en la Agencia Tributaria, por todo el entramado societario que constituiría el instituto Nóos. Manos Limpias también quiere que se le aparte del consejo de Telefónica porque si se le imputa no cumplirá con los requisitos del buen gobierno de una multinacional. Según Miguel Bernad Remón, del sindicato, se presentarán como acusación popular y podrían pedir que también se investigue a la infanta Cristina. Tal y como publica La Otra Crónica, así podrían acceder a las cuentas de la infanta y tener constancia de todos sus ingresos, incluyendo provenientes de la asignación de 8,4 millones que el Estado destina a Casa Real y que el Rey distribuye libremente. El sueldo de las infantas es una variable que depende del número de actos oficiales en los que participen, de acuerdo a las fuentes consultadas por LOC. Según fuentes cercanas a la institución real, "es muy difícil saber cómo el Rey distribuye su asignación. Sólo el jefe del a casa y el propio monarca lo saben". Trazando un paralelismo con las cuentas de la casa real británica. El príncipe Eduadro cobra 163.000 euros, que divididos entre los 325 actos en los que participa anualmente salen a 459 euros por cada uno. El príncipe Andrés cobraría algo similar pero el número de actos en los que participa son casi el doble. Si aplicamos esta proporción a la Casa Real española, y en vista de los 21 actos que la infanta Cristina ha protagonizado, su sueldo apenas ascendería a los 9.600 euros. No obstante, por su labor en la Fundación La Caixa cobra 200.000 euros.
El elevado déficit de Castilla-La Mancha ha obligado a María Dolores de Cospedal a aprobar un segundo plan de ajuste que incluye numerosas partidas, con el fin de ahorrar 350 millones de euros.
La presidenta castellanomanchega baja el sueldo a los funcionarios, revisa los baremos de la dependencia, restringe la subvención a los libros de texto, suspende la construcción de viviendas públicas e introduce la gestión privada en los hospitales.
No hay duda de que se trata de sacrificios importantes que sin duda afectarán a los ciudadanos, pero Cospedal ha querido exigir austeridad también a su Gobierno. Los consejeros pierden su paga extra,tendrán que comer un menú barato y dirán adiós a sus coches oficiales de alta gama. La secretaria general del PP da ejemplo así a otras comunidades.
Cospedal ha dado a conocer esta medidas en una rueda de prensa en la sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha, donde ha presentado segundo paquete de medidas de ajuste aprobado por su Gobierno, con el que ahorrará 350 millones de euros, y ha concretado algunas del primero, cifrado en 1.815 millones, de los que ya se han ahorrado 220.
Entre las medidas aparece también el final de la gratuidad total de los libros de texto para todos los escolares o de determinadas prestaciones como el transporte gratuito interurbano para jóvenes y mayores mediante las tarjetas naranja y verde, que quedarán limitadas a las rentas bajas. Se suprimirá la ayuda a la cooperación internacional, se ampliará la educación concertada y, de acuerdo con el Gobierno central, se revisará el baremo de aplicación de la ley de dependencia.
Cospedal ha prometido no implantar ningún impuesto nuevo, aunque subirá el canon eólico aprobado por el anterior Ejecutivo y, como se supo ayer, suprimirá la bonificación del impuesto de Patrimonio. La presidenta castellanomanchega ha dejado claro que todas estas renuncias son imprescindibles para evitar "el colapso" de los servicios sociales y ha pedido la comprensión y la ayuda ciudadana para aplicar estas medidas, pues "el sudor de hoy evitará las lágrimas de mañana".
Los cerca de 70.000 empleados públicos de la Junta verán incrementada su jornada laboral de 35 a 37 horas y media y, de forma excepcional, reducido su salario en una media de un 3 % mediante la rebaja del 10 % en el complemento específico y asimilado de sus salarios.
En materia sanitaria, se privatizará la gestión de los hospitales de Almansa, Tomelloso, Villarrobledo y Manzanares "para salvaguardar su continuidad" y se recurrirá a fórmulas de participación "público-privadas" para la construcción de los hospitales de Toledo, Cuenca y Guadalajara, las principales obras civiles proyectadas en la comunidad, en especial la primera, y que están paralizados.
Cospedal ha dejado claro que los ciudadanos no notarán cambios en la atención, que seguirá siendo de calidad, gratuita y universal, y ha descartado fórmulas como el copago, pese a que sí se aplicarán medidas para poner freno a la "demanda inapropiada", en ocasiones "hasta limites a veces impensables" de servicios sociosanitarios.
También en Sanidad, los profesionales se retirarán cuando cumplan la edad de jubilación, no se subirán los complementos por carrera profesional, se reducirán los de incapacidad temporal transitoria y se perseguirá el absentismo laboral injustificado, que es "absolutamente desproporcionado" en Sanidad.
Para controlar el absentismo laboral, en toda la administración se tendrá que presentar la baja el primer día de enfermedad y no el cuarto.
Además, se impedirá que, como ocurre ahora, se paguen cantidades millonarias por horas extraordinarias mientras los rendimientos en la jornada ordinaria "no son adecuados".
En materia educativa, además de limitar la gratuidad de los libros de texto a las rentas bajas, se reducirá la subvención a la Universidad regional en 53,3 millones de euros, se contratará a los interinos sólo hasta el 30 de junio y se replantearán las rutas escolares.
Los casi 2.000 empleados forestales de la empresa pública de Gestión Ambiental (Geacam) pasarán de trabajar doce meses a tener contratos de fijo-discontinuo de ocho meses de duración.
Como ya se anunció, se paraliza la inversión en carreteras, pero también se dejarán de construir 800 viviendas públicas programadas.
EL PSOE: "COSPEDAL DINAMITA EL ESTADO DE BIENESTAR2
"Herencia" quizá haya sido una de las palabras más repetidas por María Dolores de Cospedal desde el pasado 22 de mayo. La herencia del anterior Gobierno regional de José María Barreda, el legado que, según dice, ha obligado a su Ejecutivo a poner en marcha las que hasta ahora ha calificado de "ajustes" más que "recortes". Lo ha repetido esta mañana: "Nos toca a todos pagar por lo que ha sido responsabilidad de otros".
Desde la dirección del PSOE en Castilla-La Mancha, y los sindicatos, sin embargo, no han tardado en reaccionar. El portavoz socialistas en las Cortes de la región, José Luis Martínez Guijarro, ha calificado de "estafa política" las medidas anunciadas esta mañana.
“Hemos asistido a la mayor estada política en esta tierra, porque Cospedal ha esperado a que pasaran las elecciones generales para anunciar el mayor ataque contra el Estado de bienestar que se ha producido nunca en Castilla-La Mancha", ha señadao Guijarro .
" Lo que hoy ha hecho la señora Cospedal es dinamitar el Estado de bienestar en nuestra región. Lo ha dinamitado, y lo que ha dejado en pie lo ha puesto a la venta… Porque va a privatizar la Sanidad, deja herida la Educación pública y convierte los servicios sociales en pura beneficencia”, ha añadido el cargo socialista.
Los dirigentes de UGT y Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha han anunciado, por su parte, que responderán con "todas sus fuerzas" a las medidas anunciadas hoy por Cospedal, que en su opinión van a poner en una situación "de alarma y urgencia" a la región, que se ha "puesto en venta".
Los trabajadores públicos de la Generalidad se concentrarán el próximo día 14 en Barcelona para protestar por los recortes que ha planteado la administración catalana.
El representante del sindicato de trabajadores público IAC, Ricardo Rodilla, ha adelantado hoy que "tenemos el ánimos de ir a las movilizaciones porque es la única manera de minimizar la propuesta de la administración", según ha declarado antes de que empezase la reunión que mantienen hoy sindicatos y representantes del gobierno catalán.
El representante del sindicato de trabajadores público IAC, Ricardo Rodilla, ha adelantado hoy que "tenemos el ánimos de ir a las movilizaciones porque es la única manera de minimizar la propuesta de la administración", según ha declarado antes de que empezase la reunión que mantienen hoy sindicatos y representantes del gobierno catalán.
Ésta sería la primera movilización de los trabajadores públicos tras los recortes anunciados por el departamento de Gobernación, que pretenden suprimir las oposiciones, despedir personal interino y reducir la mayoría de complementos salariales que cobran los 230.000 funcionarios, empleados públicos y contratados laborales de la administración catalana.
El resto de sindicatos que forman parte de la Mesa de la Función Pública -UGT y CCOO- no han querido todavía concretar cuáles serán sus movimientos futuros, y han dicho que las propuestas de la Generalitat se llevará a la asamblea de trabajadores.
Los sindicatos han acudido hoy a la segunda reunión de la Mesa de la Función Pública con una posición común frente a los recortes y con el objetivo de que la Generalitat concrete el impacto que las medidas pueden tener en los trabajadores. Sueldo máximo de 5.000 euros
UGT de Cataluña, por su parte, ha propuesto este jueves en el marco de la Mesa de negociación de empleados públicos fijar un sueldo máximo interprofesional de 5.000 euros brutos mensuales entre los empleados públicos para limitar los salarios de los altos cargos.
El sindicato lo ha planteado como alternativa a los recortes de salarios y plantillas de interinos que ha propuesto el Gobierno para reducir el déficit, según ha explicado en declaraciones a los medios el responsable del sector Generalidad de UGT, Xavier Casas, en un receso de la segunda reunión con el Gobierno.
Según Casas, esa medida afectaría a menos del 3% del total de personas que cobran con fondos públicos de la Generalidad, pero supondría el mismo ahorro que pretende conseguir el Govern con las 19 medidas presentadas este miércoles
La agencia de calificación de riesgo Standard & Poor's (S&P) ha revisado las calificaciones de 37 de las mayores entidades financieras del mundo mediante la aplicación de nuevos criterios, que en la mayoría de los casos han supuesto una rebaja de la calificación, como es el caso de la entidad española BBVA.
Standard & Poor's publicó el pasado 9 de noviembre los nuevos criterios de calificación, entre los que se contemplaba la dificultad de los gobiernos para rescatar a bancos con problemas.
Entre las entidades que ven rebajada su calificación se encuentran los grandes bancos estadounidenses Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley o Citigroup, así como el español BBVA, que baja un escalón al pasar de «AA-» con perspectiva negativa a «A+» con perspectiva negativa. En Europa, Barclays o HSBC tampoco pasan el corte.
Otros bancos nacionales como el Banesto o el Banco Santander mantienen su anterior calificación en «AA-» con perspectiva negativa. Las entidades europeas Commerzbank, Credit Suisse y Deutsche Bank, también mantienen su anterior nota.
Horas antes, como si estuvieran coordinadas, otra de las agencias de «rating», Moody's, puso en revisión para una posible rebaja de la deuda subordinada y de la deuda «junior» subordinada, así como la Tier 3, de un total de 87 bancos de 15 países europeos, de los que 21 son españoles, 17 italianos, 9 austríacos y 7 franceses. Moody's considera que el apoyo «sistémico» para la deuda subordinada en Europa es «cada vez más impredecible», debido a una unión de las limitaciones financieras y los cambios políticos.
Las dietas de los políticos parece no tener fin. Si este lunes --28 de noviembre de 2011-- se supo que la Área Metropolitana de Barcelona (AMB) destinaba más de 800.000 euros al año en dietas --Trias (CiU) ve lógico embolsarse 36.800 euros por asistir a tres reuniones al mes--, otra institución supramunicipal barcelonesa, el Consejo Comarcal (CCB) reparte 240.000 euros.
El CCB reparte esta cantidad entre sus 39 cargos públicos. Se trata de indemnizaciones que alcaldes y concejales perciben por asistir a las comisiones y plenarios de esta Administración comarcal.
El consejo, que agrupa cinco municipios (Barcelona, Badalona, Hospitalet de Llobregat, San Adrián de Besós y Santa Coloma de Gramanet) está presidido por Jesús Maria Canga, alcalde de San Adrián y del PSC.
Canga se encarga de presidir los diferentes órganos de gobierno que forman el consejo: el pleno, las juntas de gobierno y de portavoces, así como las comisiones. Por su cargo recibe 31.000 euros anuales en dietas, que se han de sumar a los 55.000 euros que cobra como primer concejal de la población barcelonesa.
DIETAS DE TODOS LOS COLORES POLÍTICOS
El CCB ha contado con un presupuesto de 25 millones de euros para 2011. Y sus funciones son básicamente, según recoge El País, el mantenimiento de las rondas de Barcelona y la promoción urbanística a través de la empresa pública Regesa, que se dedica a la construcción de viviendas y de aparcamientos.
Los siete vicepresidentes reciben entre 14.000 y 17.200 euros en dietas, dependiendo de los órganos a los que asistan. Por ejemplo, Jordi William Carnes (PSC), concejal de Barcelona, recibe un sueldo superior a 75.000 euros y es de los que reciben las dietas más altas.
Maite Fandos (CiU), teniente de alcalde de Barcelona, complementa su sueldo municipal de 98.200 euros con 17.000 euros en dietas. La misma cantidad en dietas perciben los concejales barceloneses Joaquim Mestre (ICV) y Jordi Portabella (ERC), que tienen sueldos de 84.500 euros y 98.200 euros, respectivamente. Juan Carlos del Río (PP), concejal de Hospitalet, cobra 12.700 euros por asistencias, que suma a los 69.000 euros de su nómina municipal.
J. HERNÁNDEZ
La deuda de 22 millones de euros que el Ayuntamiento de Alicante tiene con la concesionaria de la limpieza y recogida de basuras (Inusa) ha obligado a los técnicos municipales y a los de la empresa a diseñar un recorte de servicios que repercutirá en el aseo de la ciudad ya que algunos barrios dejarán de barrerse a diario y esta tarea se hará solo dos o tres veces por semanas. Este plan, que incluye una reestructuración de las rutas de limpieza actuales y variaciones en la frecuencia de las tareas, afecta a 51 servicios que se venían prestando hasta ahora, según explicó el presidente del comité de empresa de Inusa, Pedro García, entre ellos barredoras, cubas de riego o baldeadoras. "Cada vez que se quita algo, el servicio queda mermado", apuntó.
El Ayuntamiento espera ahorrarse cinco millones con esta "optimización" de recursos, como es calificada por la Concejalía de Atención Urbana, de ellos tres de forma inmediata y dos más que se habrían reducido ya porque, según la información suministrada por el comité de empresa, el tijeretazo comenzó hace varios meses. De hecho el pasado 1 de noviembre se suprimieron otros nueve servicios que prestaba la contrata. De ahí que la deuda de las arcas municipales sea ahora de 22 millones frente a los 24 de meses atrás.
Aunque Atención Urbana intentará "minimizar" el impacto sobre el servicio final a los ciudadanos, el departamento reconoce que la reestructuración afecta a distintas áreas de la limpieza viaria y de la recogida de residuos, sobre todo a los servicios de baldeo, barrido manual, mecanizado y mecánico, motocanes sí como recogida de enseres, papeleras y limpieza de los contenedores.
Según un documento al que ha tenido acceso a este diario, el recorte de presupuesto que se va a realizar con fecha 1 de diciembre, de acuerdo al informe emitido por un técnico municipal, asciende exactamente a 2.892.958 euros. Una de las partidas más afectadas es la correspondiente al barrido de calles: se reduce la frecuencia del que se hace de forma manual, por lo que serán necesarios seis operarios menos, y se prescinde del refuerzo de verano, lo que permitirá ahorrar más de 600.000 euros, y se recorta el servicio de barrido mecanizado en más de 370.000 euros al prescindirse de ocho operarios.
Esta reestructuración contempla también la supresión de la contrata de herbicida y desbroce, así como la eliminación de tres cisternas o cubas que se utilizan durante el día, lo que supondrá un ahorro de 358.516 euros. Además, se suprimen dos lavacontenedores que tienen ahora un coste de casi 400.000 euros; y se realiza un recorte en el servicio de recogida de vidrio de 126.845 euros.
También se retiran dos hidrolimpiadores que suponían un gasto de 113.00 euros, y tres barredoras, dos de ellas de aceras y una de calzada, que costaban casi 250.000 euros. Se suprime un ecopunto para ahorrar 63.387 euros, y se elimina un operario quitapintadas y tres de recogida de excrementos de animales, con lo que el Ayuntamiento se quitaría otros 150.000 euros. El gasto en formación se recorta un 50% y se anula el refuerzo de verano de los montes Benacantil y Tossal, que costaba 70.000 euros.
La pretensión del equipo de gobierno con este tijeretazo es aliviar la deuda que el Ayuntamiento tiene con la empresa de limpieza y que crece siete millones cada año por servicios extraordinarios de la contrata, que se remonta al año 2000 y que está controlada parcialmente por el empresario Enrique Ortiz. La contrata asciende a 33,5 millones anuales.
Pese a la amplia reducción de servicios, que afecta a 51 empleados, el comité de empresa ha negociado durante toda la semana con Inusa para garantizar el mantenimiento de sus puestos de trabajo así como del resto de la plantilla, formada por 550 personas. De momento vale el compromiso que la alcaldesa, Sonia Castedo, adquirió con los trabajadores hace unos meses, cuando convocaron una huelga por impago, y la plantilla fija por ahora no se tocará. "Otra cosa son los contratados, el 1 de noviembre se fueron los últimos a la calle", apuntó el presidente del comité, que precisó que esos 51 empleados serán agrupados en otros puestos, y cubrirán bajas y vacaciones, que era lo que hasta ahora correspondía a los eventuales. Esos operarios se dedicaban al barrido manual (17), conductores (9), o peones (24).
García pidió a la empresa concesionaria que se esmere a la hora de hacer la reestructuración de servicios para que se note lo menos posible en las calles.
Nuevo sistema de trabajo
Fuentes de la Concejalía de Atención Urbana destacaron ayer que los técnicos "se han roto la cabeza para poder ahorrar dinero en limpieza, con un coste cero de empleo entre los trabajadores de la contrata. No es fácil ahorrar sin despedir". El departamento, añadieron las fuentes, lleva esta misma línea con el uso del agua y la electricidad.
El concejal, Andrés Llorens, habló de "optimización de recursos" ya que, añadió, "en los momentos actuales es obligado utilizar la imaginación para lograr la máxima eficacia en el trabajo, hacer lo mismo con menos, garantizar el empleo y mantener los estándares de calidad del servicio".
Llorens pide a los ciudadanos que colaboren activamente en mantener la ciudad lo más limpia posible, cumpliendo la ordenanza municipal.
Moreno dice que dañará la imagen de la ciudad
El grupo socialista en el Ayuntamiento cree que el plan de reestructuración del servicio de limpieza repercutirá negativamente en la imagen de la ciudad. "Con la reducción del barrido de los barrios a tres días, alternos, esperan que la suciedad no sea percibida por los ciudadanos. Pero sí se notará porque el barrido manual incluye el vaciado de papeleras y eso se hará también con menos frecuencia", explicó el concejal Gabriel Moreno. El PSOE, que pidió una auditoría de Inusa que fue rechazada por el pleno, cree que la deuda del Ayuntamiento con la empresa es el doble de lo que se dice, es decir, de 50 millones. J.H.
