El tansporte escolar ahogado por los impagos

                                                         www.regeneracionya.com
Más de 23.000 alumnos de la provincia de Alicante, alrededor de 17.000 de Valencia y otros 8.000 de Castellón se pueden quedar sin transporte escolar si el Consell no paga en enero la deuda que arrastra con las empresas de autobuses en colegios e institutos públicos.

Los transportistas alertan de que desde mayo no han recibido las mensualidades de la Consejeria de Educación, un dinero que supera los 20 millones de euros, 8 de ellos correspondientes a más de medio centenar de empresas de la provincia. "Los proveedores nos ahogan porque no puedes dejar de pagar el gasóleo y ya habíamos hecho una inversión importante para adecuar los vehículos a las nuevas normas de poner cinturón de seguridad", señalan algunos de los afectados que operan en la Vega Baja.
Se trata de pequeñas y medianas empresas con una media de 12 trabajadores y otra veintena de acompañantes en los vehículos, a quienes se pagan los sueldos pese a no recibir dinero desde mayo. La salida media de 25 coches diarios para cada una de estas firmas les supone alrededor de 350.000 euros cada mes que dejan de percibir de Educación, que contrató este servicio mediante uniones temporales de empresas (UTE) que pueden aglutinar entre 5 y 20 empresas por cada adjudicación.

Agilizar los pagos
Desde la Consejeria de Educación precisaron ayer que "si existe malestar en el colectivo, se convocará una reunión", pese a que aseguran que se han reconocido los atrasos para que no hubiera problemas de crédito con las entidades financieras. Añaden su intención de agilizar pagos y concretar un calendario a partir del mes de enero.

"Decir Generalidad ya no es una garantía"
Los transportistas de escolares se quejan de que antes nombrar a la Generalidad era una garantía de pago para cualquier entidad bancaria y no había problemas con los créditos, pero que la situación ha revertido hasta el punto de que ahora mismo "decir Generalidad no da seguridad ni garantías" de pago. Además añaden que el Consejo no ha reconocido la deuda a cada empresa, y que como las UTE las forman varias de ellas, no consiguen la confianza financiera que precisan. Desde la federación provincial aseguran que la situación para las empresas más pequeñas que no pueden diversificar su labor con otro tipo de servicios "la situación es muy delicada".

El gobierno indulta a Alfredo Saenz con el beneplácito del PP

                                                     

                                                          www.regeneracionya.com

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se despide con una decisión polémica. En pleno periodo de traspaso de poderes, el consejo de ministros celebrado este viernes ha acordado indultar al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, de la condena que le impuso el Tribunal Supremo por acusación falsa cuando presidía Banesto. De esta manera, la ejecución de la sentencia queda paralizada y el banquero, mano derecha de Emilio Botín al frente de la primera entidad financiera del país podrá seguir en el cargo.
Con esta decisión, el Gobierno del PSOE ha accedido a la solicitud de indulto reclamada por el propio Banco Santander, aspiración que se vio reforzada el pasado mes de octubre después de que la Fiscalía apoyara esta tesis y recomendara la conmutación de la pena de tres meses de cárcel y de inhabilitación profesional que le impuso en marzo el Tribunal Supremo. Tras este paso, ha sido finalmente el Ministerio de Justicia quien ha dispuesto la concesión de la medida de gracia, a pesar de encontrarse en pleno traspaso de poderes.

En concreto, el Gobierno acuerda "indultar parcialmente a Alfredo Sáenz Abad, Rafael Jiménez de Parga Cabrera y Miguel Ángel Calama Teixeira, una vez resueltos los expedientes, a la vista de los informes pertinentes y conforme a lo dispuesto por la Ley. La concesión de este indulto parcial, derivado de unos hechos acaecidos hace 17 años, conmuta la pena impuesta de arresto mayor y la accesoria de suspensión de ejercicio profesional por la multa máxima prevista en la legislación aplicable al caso".

La sombra del indulto había sobrevolado durante las últimas semanas del mandato del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, el posible impacto negativo ante la opinión pública ponía en cuestión que el Ejecutivo asumiera el potencial coste electoral de esta decisión antes de la cita del 20-N. Otra cosa distinta era que pudiera tramitarse durante el mes posterior de Gobierno en funciones, en pleno traspaso de poderes al Partido Popular, relevo que ha comenzado a ejecutarse esta misma semana.

Antes de las Elecciones Generales celebradas el pasado domingo, el propio PP manifestó en público su deseo de que el Gobierno saliente no tomara ninguna medida de calado que no fuera consensuada. El indulto a Sáenz era una de ellas. Aunque este viernes Soraya Sáenz de Santamaría aseguró que el Ejecutivo le había negado la lista de indultos aprobada hoy, Mariano Rajoy ha estado en contacto estas últimas semanas tanto con Moncloa como con la propia entidad financiera para hacerles ver que no se opondría a una posible medida de gracia al consejero delegado del Santander.

Con esta medida de gracia, Alfredo Sáenz consigue salir inmune de un proceso que se inició en la Audiencia Provincial de Barcelona, que fue el primer tribunal que condenó al consejero delegado del Santander y a otras dos personas por presentar en 1994 una denuncia falsa contra cuatro empresarios catalanes como medida de presión para que pagaran las deudas de sus empresas con Banesto. Tres de los empresarios han considerado que "la concesión de un indulto para las benignas penas impuestas" al número dos del Santander sólo podría entenderse como "el tributo del poder oficial al poder real de las finanzas".

Según fuentes jurídicas, los empresarios han sostenido que no existen argumentos para que el Gobierno conceda la medida de gracia, pues Sáenz no ha mostrado arrepentimiento alguno y no existen "razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública" para otorgar el indulto. Así, han afirmado que sería "un despropósito jurídico conceder la medida de gracia a quien no ha mostrado ningún signo de arrepentimiento, y no lo muestra quien lejos de aceptar la condena, sigue discutiéndola, negando su corrección y planteando que le han sido lesionados sus derechos fundamentales".

De hecho, el consejero delegado del Santander recurrió el pasado mes de marzo su condena ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de que revisara la actuación de la Audiencia Provincial de Barcelona y del Tribunal Supremo. Los empresarios también rechazan los argumentos de Sáenz de que concurren circunstancias para conceder el indulto, como las dilaciones indebidas que ha sufrido el proceso penal o el impacto del ejecutivo en la estabilidad del sistema financiero español. "Las víctimas del delito son los primeros perjudicados en la tardía respuesta judicial", han recordado los empresarios.

En marzo, el Supremo condenó a Sáenz a tres meses de prisión y de inhabilitación para ejercer cualquier actividad bancaria por un delito de acusación falsa contra unos deudores de Banesto, entidad que presidió tras ser intervenida en 1993. El Alto Tribunal consideró probado que el ejecutivo dio instrucciones para que en 1994 Banesto presentara, a sabiendas de su falsedad, una querella criminal por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre, como medida de presión para que pagaran 639 millones de pesetas que debían sus empresas.

Urge que el nuevo gobierno entre en funciones. El BOE debe dejar de estar en manos del PSOE

                         www.regeneracionya.com

Si el nuevo gobierno, al que le presuponemos espiritu de amor a España, no entra pronto en funciones, la misma España desaparecerá de Vascongadas. Hoy se publica en el BOE, el acuerdo del día 16 de noviembre, entre un gobierno hoy en funciones, y el gobierno autonómico vasco, que rubrica el rey, en materia de traspaso de competencias turísticas. Logicamente este acuerdo lleva una dotación presupuestaria. 
Veamos:
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
18542
Real Decreto 1711/2011, de 18 de noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de turismo.
La Constitución, en su artículo 148.1, dispone que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en diversas materias, entre las que cita, en su apartado 18.ª la «promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial».
Por su parte, el Estatuto de Autonomía del País Vasco, aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, establece en su artículo 10.36 la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de turismo.
Además, la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y el Real Decreto 2339/1980, de 26 de septiembre, establecen la forma y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco.
La Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco adoptó, en su reunión del día 16 de noviembre de 2011, un acuerdo sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de turismo, cuya virtualidad práctica exige su aprobación por el Gobierno mediante real decreto.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Este real decreto será publicado simultáneamente en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial del País Vasco», adquiriendo vigencia el día siguiente al de su publicación.
Dado en Madrid, el 18 de noviembre de 2011.
JUAN CARLOS R.
El Vicepresidente del Gobierno de Política Territorial
y Ministro de Política Territorial y Administración Pública,
MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
B) Funciones que asume la Comunidad Autónoma.
La Comunidad Autónoma del País Vasco asume, en el ámbito de su territorio, las funciones y servicios correspondientes a su competencia en materia de información, promoción y ordenación del turismo, que venía realizando la Administración del Estado y, en particular, la regulación, coordinación y fomento de las profesiones turísticas, así como la regulación y administración de la enseñanza para la formación y perfeccionamiento de los profesionales del turismo, en los términos previstos en los artículos 149.1.30.ª de la Constitución y el artículo 16 del Estatuto de Autonomía.
C) Funciones en que han de concurrir la Administración del Estado y la de la Comunidad Autónoma del País Vasco y formas de cooperación.
1. La Comunidad Autónoma del País Vasco mantendrá cauces de colaboración y comunicación con la Administración del Estado en interés del sector turístico en su conjunto, en el ejercicio de la información turística en su ámbito territorial, a cuyo efecto la Comunidad Autónoma del País Vasco garantizará en su ámbito territorial la difusión de la información correspondiente a la oferta turística del resto de España, así como respecto de la estadística en materia de turismo.
2. La Comunidad Autónoma del País Vasco será informada en la elaboración de los convenios internacionales concernientes al turismo que suscriba el Estado y adoptará las medidas necesarias para el desarrollo y la ejecución de los mismos, en lo que afecten a las materias atribuidas a su competencia.
cve: BOE-A-2011-18542
D) Medios objeto de traspaso.
Se traspasan a la Comunidad Autónoma del País Vasco los medios que ha venido utilizando la Administración del Estado en materia de acceso a actividades turísticas y su ejercicio relativas a las agencias de viajes hasta la entrada en vigor del Real Decreto 39/2010, de 15 de enero, por el que se derogan diversas normas estatales sobre acceso a actividades turísticas y su ejercicio.
E) Valoración de las cargas financieras del traspaso.
El coste total anual a nivel estatal asociado al presente traspaso de funciones del Estado a la Comunidad Autónoma en el ejercicio de 2011, se recoge en la relación número 1.
F) Fecha de efectividad del traspaso.
El traspaso de funciones y servicios objeto de este acuerdo, tendrá efectividad a partir del día 1 de enero de 2012.
Y para que conste se expide la presente certificación en Madrid, a 16 de noviembre de 2011.–Los Secretarios de la Comisión Mixta, Antonio López Soto y Juan Ignacio Urresola Arechabala.
RELACIÓN NÚMERO 1
Coste total anual a nivel estatal (dotaciones ejercicio 2011)
Sección 20: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Programa 431M, Dirección y servicios generales de comercio y turismo
Capítulo Euros
1 353.746,15
2 53.541,67
Total . 407.287,82
cve: BOE-A-2011-18542

Nota: Esto significa hambre en tu mesa y más nazi-onalismo en España.

al descubierto el plan ara evadir impuestos de Iñaki Urdangarín

                                 www.regeneracionya.com

El escándalo que protagoniza el yerno de Rey, Iñaki Urdangarín, crece por momentos. Este jueves, se conocían nuevos datos de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción que le señalan directamente, junto a su socio Diego Torres, de urdir un plan para evadir impuestos de las millonarias operaciones que cerró el Instituto Nóos con los gobiernos balear y valenciano.

Según publicó El Mundo, Urdangarín y Torres dirigían una trama de facturas falsas que tenía como objetivo evadir impuestos de los fondos públicos que recibieron de ambas administraciones. Fondos que, como ya informó este diario, eran desviados a sociedades a nombre del marido de la infanta Cristina y su socio.
Además, ambos se sirvieron de otras dos empresas para realizar facturas falsas para declarar menos beneficios y pagar menos a Hacienda.

No se trata de una sospecha infundada, puesto que la Policía encontró durante el registro de estas sociedades el plan manuscrito diseñado para evadir impuestos, donde se detallaba el sistema ideado para presentar facturas falsas. El objetivo era reducir en lo posible de cara a Hacienda sus beneficios para que no superasen la cantidad de 250.000 euros.

Así, el Instituto Nóos distribuía los fondos públicos que recibía de contratos con las administraciones a través de facturas falsas, contratos inflados o servicios nunca realizados.

En este sentido, y en la misma operación, se detectó, asimismo, la adquisición de pisos en Palma por parte de emmpresas controladas por Urdangarín. Con estas viviendas se realizaron contratos de alquiler para generar más gastos.

Arturo Mas regala 2.000.000€ al Grupo Godó

                                                        www.regeneracionya.com


Al Grupo Godó le ha tocado la lotería antes de Navidad. Este emporio informativo recibirá 1.999.828,60 euros de las arcas públicas de la Generalitat de Cataluña para insertar “cápsulas y microespacios divulgativos de contenido informativo de interés general para la ciudadanía en 8TV, RAC 1 y RAC 105”. Es decir, para la televisión y las dos radios propiedad de Javier Godó. Así consta en el expediente 2011051 del Departamento de Presidencia (es decir, el del propio presidente de la Generalitat, Artur Mas). La ayuda fue aprobada el 13 de septiembre, pero el contrato fue formalizado el pasado 5 de octubre, según ha podido conocer El Confidencial de fuentes oficiales. La adjudicación fue realizada por el procedimiento “negociado sin publicidad” (es decir, cuando se hace directamente a un solo licitante), según los documentos en poder de este diario.


La ayuda se concedió a través de la empresa Publipress Media, una sociedad propiedad de Grupo Godó de Comunicación, cuyo presidente es Javier Godó. Publipress, con 224.774 euros de capital social, es administrada por Carlos Godó y funciona como la agencia de publicidad del grupo.
Algunas fuentes consultadas por este diario restan importancia al tema. “Evidentemente, el Gobierno dispone de partidas de publicidad, pero debido a la política de austeridad las hemos reducido drásticamente. Por eso, ni siquiera hicimos las grandes campañas institucionales que se emitían todos los años, como las del agua o la de Som-hi [una campaña institucional de la gestión del Gobierno]. Pero no hay que olvidar que el Tripartito destinó 41 millones de euros a ayudas a medios de comunicación entre subvenciones, publicidades especiales y promociones. Nosotros, este año, sólo gastaremos 8 o 9 millones de euros, es decir, prácticamente la quinta parte”, señala una fuente de la Generalitat a El Confidencial. Esta fuente, sin embargo, negó conocer la adjudicación de los 2 millones de euros al grupo de comunicación.


El Confidencial también intentó, sin éxito, obtener una versión oficial sobre el tema del Grupo Godó. Sin embargo, otras fuentes consultadas apuntan a que el convenio incluye la emisión de pequeños anuncios que han de ser emitidos tanto por la televisión como por las radios. Estos microespacios versan sobre asuntos muy diversos, entre ellos consejos sobre civismo, conducción o consumo responsable.
Desde algunos sectores de la comunicación, no obstante, las críticas por este regalo son acerbas. “Estamos en un momento de crisis y con una política de recortes brutales en sectores sensibles como la sanidad. Por eso, sorprende que a uno sólo de los grupos mediáticos se le obsequie con una cantidad que, normalmente, se asigna a una gran campaña de publicidad en todos los medios, en la que entran anuncios en la prensa escrita, la radio, la televisión y los digitales. Por tanto, una inversión de estas características tendría sentido si la inserción se hace en varios medios, pero si se destina a uno solo, provoca lógicos recelos de favoritismo”, dice un directivo del sector a este diario.
Otro directivo, de un grupo rival al de Godó, mostró también su extrañeza al ser consultado por El Confidencial: “Es una cantidad desorbitada. De hecho, ya se esperaba que el Grupo Godó tuviese algunos favores cuando CiU ganó las elecciones en Cataluña, pero una adjudicación así sobrepasa todos los niveles. Además, una inyección de estas características te puede salvar los balances del año”. El Grupo Godó explota su televisión a través de la compañía Emissions Digitals de Catalunya y sus radios a través de Radiocat XXI. Ambas empresas son unipersonales, propiedad a Catalunya Comunicació. La facturación conjunta de las dos empresas audiovisuales es de algo más de 27 millones de euros.