Mariscal, jefe de Seguridad del PSOE, mantuvo tres conversaciones con móviles de La Moncloa

                                                         www.regeneracionya.com

Rodrigo Gavilán. Madrid

El chivatazo dado a la banda terrorista ETA en el bar Faisán el 4 de mayo de 2006 ha sufrido un giro definitivo que compromete de manera directa al Gobierno y al Partido Socialista. Según los documentos oficiales a los que ha tenido acceso en exclusiva LA GACETA, en la mañana del soplo, el experto antiterrorista del PSOE, Fernando Mariscal –investigado en su día por telefonear a un comisario que estaba junto al bar Faisán la mañana del chivatazo–, mantuvo tres conversaciones con dos móviles a nombre de Presidencia del Gobierno.

En concreto, Mariscal utilizaba el número 65040XX63, cuyo titular era el PSOE. Con él llamó desde la sede socialista de Ferraz a las 10.01h a Manuel Risco, comisario jefe de la Brigada Provincial de San Sebastián, que en ese momento se encontraba en las inmediaciones del bar Faisán. Minutos después, Mariscal recibió la primera llamada de Presidencia. Fue a las 10.40h de la mañana cuando el ministerio del que entonces era titular la ex vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, se puso en contacto con él y mantuvo una conversación cercana a los dos minutos. A las 12.06h, el jefe de seguridad socialista llamó al mismo teléfono de Presidencia y la conferencia se alargó durante tres minutos.
Por último, Mariscal recibió la tarde del chivatazo, a las 18.21h, una tercera llamada desde un móvil a nombre del Palacio de La Moncloa. La duración de esta última conversación telefónica superó los dos minutos. Los móviles que Presidencia utilizó para contactar con el jefe de Seguridad del PSOE fueron el 60836XX71 –empleado en las dos conversaciones matinales– y el 62832XX69 –con el que se hizo la llamada vespertina–. El segundo de estos números es aún utilizado por un director general del ministerio muy próximo a Zapatero y cuyas iniciales son S. J. M. R.

Es decir, Mariscal habló con Presidencia del Gobierno unos minutos antes y después de que se perpetrase la delación a los etarras que frustró una operación policial de gran envergadura contra la red de extorsión de ETA.

El ex comisario Fernando Mariscal Carchenilla, hombre de confianza de Ferraz, inició su andadura profesional al servicio del PSOE en 1994 de la mano del entonces diputado socialista Baltasar Garzón. Mariscal aún era inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía cuando fue apadrinado por el entonces comisario general de Información, Gabriel Fuentes González, y nombrado como alto cargo del Plan Nacional contra la droga que dirigía Garzón. En 1994 fue ascendido a comisario e inmediatamente fue fichado por la viceministra Margarita Robles como miembro de la Unidad de Apoyo para asuntos de terrorismo del Gobierno socialista.

Un año más tarde alcanzó el puesto de mayor responsabilidad en la lucha contra ETA y se convirtió en el enlace permanente de la Policía española con Francia para encargarse de toda la cooperación en la lucha antiterrorista hispano-francesa. Al poco tiempo de la victoria del Partido Popular de 1996, Mariscal dimitió de su puesto en la Secretaría de Estado de Seguridad.

Informador el 11-M

Posteriormente, bajo el epígrafe de “jefe de Seguridad del PSOE”, se convirtió en el experto antiterrorista y asesor de la Ejecutiva socialista, y desde su despacho en la sede central del partido, en la madrileña calle de Ferraz, mantuvo permanente contacto con sus ex compañeros de la lucha contra el terrorismo. Esto le sirvió para tener bien informado al grupo socialista en la oposición de todo lo relativo a la lucha de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra ETA.

Fuentes policiales apuntan a la frenética actividad de Mariscal durante las horas posteriores a la masacre del 11 de marzo de 2004, como rápido informador de los hechos a Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces coordinador de la campaña electoral del PSOE. Otras fuentes policiales confirmaron a LA GACETA que “a lo largo de la mañana del 11-M, Mariscal se puso en contacto con ex compañeros de la Policía para que le fueran informando de las últimas novedades de la investigación”.
Con la victoria de Zapatero en marzo del año 2004, los consejos del hombre de Interior del PSOE fueron decisivos para la remodelación de la cúpula policial en el nuevo Gobierno socialista. De hecho, siempre según fuentes policiales, “su opinión fue determinante para la elección del diputado socialista por Álava, Víctor García Hidalgo, como director general de la Policía en 2004”. No puede obviarse que García Hidalgo es hoy uno de los tres procesados por colaboración con banda armada como presuntos autores del chivatazo a la banda terrorista ETA.

El ex asesor del Gobierno de Felipe González en la lucha contra ETA se convirtió en la etapa Zapatero en el enlace entre los servicios antiterroristas con la dirección socialista. Justo hasta que su nombre saltó a los medios de comunicación cuando a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias se desveló que durante la mañana en que se produjo el chivatazo a ETA, desde el teléfono móvil a nombre del PSOE utilizado por Mariscal se llamó a otro policía que se encontraba en las proximidades del bar Faisán momentos antes del soplo.

La denuncia que hizo encender todas las sospechas de la participación de altos cargos del PSOE en el chivatazo a ETA cayó en el Juzgado de Garzón, hoy doblemente suspendido de sus funciones por el CGPJ tras las causas que el Supremo ha abierto contra él. El magistrado no practicó diligencia de investigación alguna tendente al esclarecimiento de esas sospechosas conversaciones con el Palacio de La Moncloa. Finalmente esa línea de investigación quedó abortada cuando el antiguo diputado socialista dictó un auto de archivo contra Mariscal, que finalmente dimitió de su puesto en Ferraz y con ello consiguió cerrar el recorrido mediático en torno a las sospechas contra Moncloa. Silencio que se ha mantenido durante más de cinco años.

Hoy la información a la que ha tenido acceso LA GACETA le vuelve a señalar, sólo mes y medio después de que el juez Pablo Ruz procesara por el caso al ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, al jefe superior de Policía en el País Vasco, Enrique Pamiés, y al inspector José María Ballesteros.