Requiem por la Clase Media

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A Jean-Baptiste Colbert, que era un tipo singular, se le atribuye una frase ingeniosa que merece la pena rescatar. El ministro de Luis XIV sostenía que el arte de recaudar impuestos consiste en desplumar al ganso, pero de tal forma que se consiga la mayor cantidad de plumas con el menor ruido posible. Y es cierto que el gran Colbert, padre de la administración moderna y modelo del fomento de la actividad a través de la intervención pública, ha creado escuela. Como decía Benjamín Franklin, sólo hay dos cosas ciertas en la vida: la muerte y los impuestos.
Colbert, sin embargo, se equivocó sobre lo taciturnos que son los gobiernos a la hora de desplumar al ganso; y si el francés pudiera regresar al mundo de los vivos, vería con horror el espectáculo grotesco al que asiste este país sobre la subida de la presión fiscal a los ricos. Suficientemente alargado en el tiempo por el Gobierno -se trata de llevar el asunto hasta el minuto antes de las elecciones- para que una parte de su electorado potencial entienda que APR es inmisericorde con los ricos y un benefactor de la clase obrera.
El debate es grotesco no porque no haya que elevar los impuestos a las rentas más altas, al fin y al cabo la Constitución sentencia que todos los españoles contribuirán al sostenimiento del gasto público ‘de acuerdo con su capacidad económica’, lo que no deja lugar a dudas sobre la progresividad que debe inspirar el sistema impositivo, sino por la estulticia que supone considerar que los problemas del sistema fiscal español (el tercer país que menos recauda de la Unión Europea) tienen que ver únicamente con que Botín o Amancio Ortega paguen más impuestos. Con la que está cayendo en los mercados.
Ni confiscando todos los bienes a los principales accionistas del Ibex, este país recuperaría capacidad recaudatoria. Los datos oficiales muestran la existencia de 11.807 contribuyentes con una base imponible en el IRPF superior a los 480.000 euros, mientras que otros 47.614 contribuyentes reconocieron en su día un patrimonio neto superior a los 1,5 millones
Si eso fuera así, sólo habría que poner un recargo a partir de un determinado nivel de renta o patrimonio para salir del pozo. Pero, desgraciadamente, ocurre que los problemas son de mucha mayor enjundia. Ni confiscando todos los bienes a los principales accionistas del Ibex, este país recuperaría capacidad recaudatoria.
Sólo hay que tener en cuenta que los datos oficiales muestran la existencia de 11.807 contribuyentes -han leído bien- con una base imponible en el IRPF superior a los 480.000 euros, mientras que otros 47.614 contribuyentes reconocieron en su día un patrimonio neto (sin deudas) superior a los 1,5 millones de euros. No parecen muchos ricos para cerrar un ‘agujero’ presupuestario que este año superará (pese a los ajustes) los 65.600 millones de euros.
Un sistema fiscal injusto
El problema de fondo no es más que un sistema fiscal radicalmente injusto que hace descansar los ingresos públicos en 15,3 millones de asalariados; y, en particular, en las rentas medias. Hay que recordar que, a la luz del IRPF, el 14,9% de los contribuyentes declara bases imponibles -lo que realmente grava Hacienda- situadas entre 30.000 y 60.000 euros, como se ve nada del otro mundo. Sin embargo, estos mismos contribuyentes aportan nada menos que el 27,7% de la recaudación, lo que da idea de la alta progresividad del impuesto. Pero es que el 4% que declara unas rentas superiores a los 60.000 euros (tampoco para tirar cohetes) aporta el 21,6% de los ingresos.
¿Qué quiere decir esto? Pues que apenas el 19% de los contribuyentes paga la mitad del impuesto, lo que refleja su elevada progresividad. Algo sin duda coherente con el hecho de que el 78,8% de la base imponible del IRPF proceda de las rentas del trabajo, mientras que tan sólo el 6,9% venga de las actividades económicas o el 6,3% del capital mobiliario. En propiedad habría que hablar de Impuesto sobre la Renta de las Personas Asalariadas (IRPA).
La causa no es otra que un impuesto mal diseñado que obvia una realidad incuestionable. Mientras que el trabajo representa al menos el 80% de los ingresos para rentas inferiores a 54.000 euros, para las rentas más elevadas este porcentaje baja hasta el 28%. Por el contrario, nada menos que el 40% de los ingresos de las rentas más altas tiene que ver con ganancias patrimoniales, las célebres plusvalías, que como se sabe tributan a la mitad que el tipo marginal máximo del IRPF, y que es el que pagan muchos contribuyentes con rentas medias. Sin duda un ejercicio de equidad fiscal sobre el que el candidato Rubalcaba no dice ni mu.
La proletarización de las clases medias se viene produciendo en los países desarrollados a medida que se han ido ensanchado los estratos de población con bajos salarios. Y hoy en España nada menos que las dos terceras partes de los contribuyentes en el IRPF declara unos ingresos inferiores a 21.000 euros brutos
No quiere decir esto, ni mucho menos, que haya que atenuar la progresividad del impuesto de forma general. Al fin y al cabo, uno de los timbres de gloria de los países más avanzados del mundo tiene que ver con la capacidad del sector público para promover la cohesión social con tributos que graven las rentas en función de la capacidad económica de cada individuo. Pero dicho esto, parece excesivo hacer caer en un número cada vez más reducido de contribuyentes la presión fiscal directa. Precisamente, los incluidos en esos tramos que bien podrían agrupar a la llamada clase media, esa amalgama que distingue a los países prósperos de los que no lo son.
No es, desde luego un juicio de valor. La última Memoria Tributaria refleja que el 65,5% de los declarantes con menores ingresos (inferiores a 21.000 euros al año) contribuye únicamente con el 10,4% de la carga fiscal, lo que lisa y llanamente significa que un número creciente de ciudadanos es ajeno al Impuesto sobre la Renta, cuya función no es sólo recaudatoria.
Pagar impuestos directos convierte a los individuos en ciudadanos comprometidos con la cosa pública, toda vez que tendrán algún incentivo (su propio interés) a la hora de fiscalizar y censurar a los poderes públicos. De ahí que sea de mucha utilidad el debate que se ha abierto en EEUU sobre la necesidad de que todos los ciudadanos paguen impuestos, aunque sea sólo un dólar. Sobre todo con un objetivo. Más allá de la demagogia que suele acompañar a este tipo de debates, lo realmente importante es cómo se reparte la carga fiscal, pero con datos objetivos y no con medias verdades que sólo confunden a la opinión pública.
Tipos efectivos y reales
Conviene no olvidar la incoherencia que supone que quienes tienen unos ingresos superiores a los 600.000 euros anuales (los ‘ricos’) tienen un tipo efectivo (el que realmente se paga y no el nominal) equivalente al 27,2%, que es incluso inferior al tipo al que tributan quienes ingresan 90.000 euros. O apenas dos puntos más de quienes ingresan 66.000 euros. En una palabra, el sistema libera a los ‘pobres’ de pagar impuestos y mima a los ‘ricos’ mediante el sistema de deducciones (principalmente fondos de pensiones), lo que provoca un castigo a las clases medias. A lo que hay que sumar el mayor peso del IVA, que al no ser progresivo no distingue entre distintos niveles de renta.
El sistema podría ser aceptable, incluso, si desde la vertiente del gasto público -como le gusta decir a la vicepresidenta Salgado- se pudiera compensar la inequidad fiscal de la tributación directa. Al fin y al cabo, los impuestos son un medio para hacer política económica, no un fin en sí mismo. La mejor carga fiscal es la que crea riqueza, no la que es superior o inferior. Sin embargo, vuelve a suceder lo mismo. Como es lógico, la política social de los gobiernos tiende a dirigirse a favorecer los niveles de menor renta. Y la consecuencia no puede ser otra que una nueva discriminación de quienes se sitúan en niveles medios, lo cual genera frustración social y es claramente injusto.
No se trata, desde luego, de un fenómeno nuevo. La proletarización de las clases medias se viene produciendo en los países desarrollados a medida que se han ido ensanchado los estratos de población con bajos salarios. Y hoy en España nada menos que las dos terceras partes de los contribuyentes en el IRPF declara unos ingresos inferiores a 21.000 euros brutos. Este modelo conduce sin duda a la ruina del país, y de ahí que más vale que alguno de los candidatos en liza aporte alguna idea sobre cómo resolver este entuerto repartiendo la carga fiscal, no haciendo demagogia barata en tiempos de tribulaciones electorales.