No pocos esperan que la solución venga por una alternancia en el Gobierno y que las soluciones puedan surgir de la política. Es el síndrome del hooligang, tan promovido por la fórmula de las listas cerradas y bloqueadas.
En el caso de España, el consenso intervencionista es muy fuerte y está muy consolidado. La quiebra afecta a todo el modelo político, y nadie es ajeno a esa situación, tampoco el PP, que se financia con fondos de los contribuyentes, y no con las cuotas de sus militantes y con donaciones de sus simpatizantes. La necesaria reducción del hiperinflacionado sector político afecta al PP tanto como al PSOE, y ninguno da síntomas de estar dispuesto a ir por esa vía. Ambos negocian los repartos de un Poder Judicial intervenido, y nadie se plantea proceder a marchar hacia su independencia.
Sin duda, en el terreno de la realidad, y mientras la rebelión de las clases medias no se articule, el Partido Popular constituye el mal menor. No tiene soluciones para la crisis, pues forma parte del problema, pero plantea algunos paliativos, como reducciones fiscales en el Impuesto de Sociedades lo que permitiría respirar algo a las pequeñas y medianas empresas, y racionalizaciones del confiscatorio IRPF, pero manteniendo la expoliación de las clases medias.
Por tanto, el PP antes que el PSOE, pero eso, en todo caso, sería solamente un paso.
Resultan descorazonadoras las respuestas del presidente del PP a las incisivas preguntas de Carlos Dávila y Miguel Gil, dos periodistas de referencia. En la entrevista publicada (25-7-2008) en la exitosa revista ‘Época’, se le pregunta sobre la energía nuclear. Rajoy se mueve con soltura en la crítica al Gobierno. Censura que Zapatero no sea capaz de abrir el debate. Los periodistas insisten; esperan que sea el dirigente popular el que abra el debate. Rajoy muestra la contradicción que representa el hecho de que “compramos energía de las nucleares francesas”. Como el entrevistado elude la cuestión, la pregunta no deja espacio para la evasiva: “¿va a plantear el PP la posibilidad de abrir nuevas centrales?”. Responde Rajoy: “No, el PP va a plantear que no se cierre la central de Garoña en la provincia de Burgos”.
Los periodistas pasan a reseñar que el Banco de España ha alertado de que el modelo de pensiones, tal y como está planteado, no es sostenible. Pregunta: “Barajan la posibilidad de ir hacia un modelo que dé la posibilidad de la capitalización?” Respuesta: “No, lo que he planteado es que se vuelva a reunir durante esta legislatura la comisión del Pacto de Toledo (que sólo existe nominalmente)”. No todo es cuestión de reuniones, el propio Rajoy diagnostica dificultaes –en otro caso, no pediría la reunión del Pacto- como que “la población, por fortuna, cada vez vive más años. Por tanto, va a haber más gente cobrando pensiones, y los que entran en el sistema cobran unas pensiones más que las que de los que desgraciadamente fallecen”. Los periodistas quieren saer por qué “se obliga a los ciudadanos a contratar su pensión con el Estado” y plantean que pueda haber una parte destinada a un fondo solidario, pero que el resto pueda ser gestionado por los ciudadanos. Respuyesta de Rajoy, en el más puro estilo del consenso intervencionista. “soy partidario de un sistema público de pensiones”. Tal rotundidad se compadece mal con la realidad diagnosticada por el Banco de España, porque el sistema no funciona. Replica de Rajoy: “bueno, sí funciona. Tenemos un buen sistema”. Esto no es verdad, es pura consigna y, desde luego, en tal caso, el Pacto de Toledo puede seguir en su inactividad.
En su programa electoral, el PP proponía la creación de dos ministerios más, y ninguna de sus propuestas podía identificarse como reductora del gasto pública. La portavoz en el Congreso, Soraya Saénz de Santamaría, ha declarado, como su principal crítica al Gobierno, que “el gasto público ha de gastarse bien”, lo cual no pasa de ser una ocurrencia, que contradice el sentido común del que el PP hace bandera. Es decir, el PP no aspira a gastar menos, que es lo necesario, sino a la hipotética superiodidad tecnocrática de sus cuadros, que normalmente están reclutados entre el alto funcionariado, con notable presencia de abogados del Estado.
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