Corren malos tiempos para el máximo exponente del Banco Santander. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente de la entidad bancaria, Emilio Botín, y varios miembros de su familia, incluidos sus cinco hijos, por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental, por las cuentas supuestamente opacas que tenían en Suiza.
La investigación se inició cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Tributaria de una serie de clientes de la entidad bancaria HSBC en Suiza, entre los que se encontraban el presidente del Santander, sus cinco hijos, su hermano Jaime y cinco de sus sobrinos, y que no habrían presentado las liquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio de los ejercicios de 2005 al 2009.
A requerimiento de la Agencia Tributaria, los denunciados procedieron a la presentación de las declaraciones de 2005 al 2009, en la mayor parte complementarias de las previamente presentadas en el plazo voluntario de la declaración.
La administración tributaria presentó un informe el pasado 15 de abril en el que se señalaba que, debido a la ingente documentación presentada por Botín y su familia, es incapaz de determinar si las regularizaciones realizadas han sido completas y veraces. Decidió, en consecuencia, remitir el expediente a la Fiscalía Anticorrupción.
DENUNCIA DE ANTICORRUPCIÓN
La Fiscalía finalmente presentó una denuncia contra la familia Botín ante la Audiencia Nacional debido a que los delitos perseguidos habrían prescrito este 30 de junio.
La labor de verificación de las regularizaciones realizadas por el conjunto de contribuyentes no puede concluir en la sede de la Fiscalía Especial y se hace necesaria la interposición de la presente denuncia, señalaba.
El escrito añadía que en el supuesto de que las regularizaciones practicadas por los contribuyentes sean completas y veraces, será de aplicación, en sede de jurisdicción penal, la excusa absolutoria prevista y el archivo de las diligencias incoadas.
En su auto de admisión, el juez Andreu señala que es necesario que, mediante el presente procedimiento se determinen, previamente, qué conductas aparecen como exigibles a cada uno de los denunciados a fin de regularizar, o de poner en orden, su situación tributaria relacionada con aquellas deudas que tendrían su origen en la presunta y previa defraudación consumada de una cuota tributaria en cuantía superior a los 120.000 euros.
Por todo ello, el magistrado admite a trámite la denuncia y designa a dos peritos destinados en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria para determinar, en primer lugar, si los denunciados han regularizado adecuadamente su situación fiscal, algo que, al no hacerlo la Administración, se debe hacer en el proceso penal, con las garantías y derechos que en el mismo se reconocen, y que deba ser declarada por un juez o tribunal.
Contra el auto dictado por el juez Fernando Andreu se podrá interponer recurso de reforma ante el propio juzgado.
La investigación se inició cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Tributaria de una serie de clientes de la entidad bancaria HSBC en Suiza, entre los que se encontraban el presidente del Santander, sus cinco hijos, su hermano Jaime y cinco de sus sobrinos, y que no habrían presentado las liquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio de los ejercicios de 2005 al 2009.
A requerimiento de la Agencia Tributaria, los denunciados procedieron a la presentación de las declaraciones de 2005 al 2009, en la mayor parte complementarias de las previamente presentadas en el plazo voluntario de la declaración.
La administración tributaria presentó un informe el pasado 15 de abril en el que se señalaba que, debido a la ingente documentación presentada por Botín y su familia, es incapaz de determinar si las regularizaciones realizadas han sido completas y veraces. Decidió, en consecuencia, remitir el expediente a la Fiscalía Anticorrupción.
DENUNCIA DE ANTICORRUPCIÓN
La Fiscalía finalmente presentó una denuncia contra la familia Botín ante la Audiencia Nacional debido a que los delitos perseguidos habrían prescrito este 30 de junio.
La labor de verificación de las regularizaciones realizadas por el conjunto de contribuyentes no puede concluir en la sede de la Fiscalía Especial y se hace necesaria la interposición de la presente denuncia, señalaba.
El escrito añadía que en el supuesto de que las regularizaciones practicadas por los contribuyentes sean completas y veraces, será de aplicación, en sede de jurisdicción penal, la excusa absolutoria prevista y el archivo de las diligencias incoadas.
En su auto de admisión, el juez Andreu señala que es necesario que, mediante el presente procedimiento se determinen, previamente, qué conductas aparecen como exigibles a cada uno de los denunciados a fin de regularizar, o de poner en orden, su situación tributaria relacionada con aquellas deudas que tendrían su origen en la presunta y previa defraudación consumada de una cuota tributaria en cuantía superior a los 120.000 euros.
Por todo ello, el magistrado admite a trámite la denuncia y designa a dos peritos destinados en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria para determinar, en primer lugar, si los denunciados han regularizado adecuadamente su situación fiscal, algo que, al no hacerlo la Administración, se debe hacer en el proceso penal, con las garantías y derechos que en el mismo se reconocen, y que deba ser declarada por un juez o tribunal.
Contra el auto dictado por el juez Fernando Andreu se podrá interponer recurso de reforma ante el propio juzgado.
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