martes, 22 de noviembre de 2011

Cada escaño de UPyD cuesta 226.048 votos, casi 5 veces más que a Amaiur


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Las elecciones del 20-N han vuelto a poner en evidencia la ineficiencia de la ley d´Hont, el método que decide el reparto de escaños y que perjudica a los partidos pequeños que consiguieron en las elecciones del domingo un amplio respaldo en las urnas. En total, más de un millón de votos repartidos en 50 formaciones pequeñas, entre ellas el Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA) con 101.000 votos, han sido inútiles porque no han tenido ninguna representación parlamentaria. UPyD, junto con Izquierda Unida, los dos partidos que más caro han pagado el escaño, han sido los impulsores de la necesidad de reformar la ley electoral española para que un voto de Teruel cueste lo mismo que otro de Madrid.
Con el actual sistema, el voto de todos los españoles no vale lo mismo. Si España se convirtiera en una única circunscripción electoral, el número de escaños se repartiría dividiendo el número de votos por asientos. Al elegir como circunscripción la provincia, a los partidos generalistas minoritarios les cuesta mucho más caro conseguir escaño que a otro nacionalista. El partido más castigado por este sistema fue UPyD, pagando a 228.048 votos el escaño. Le sigue la tercera fuerza más votada, Izquierda Unida, que con 1,6 millones de votos únicamente se hizo con once escaños.
“Nos están robando 14 escaños”, dijo su coordinador general, Cayo Lara, tras conocerse sus resultados. Aplicando la misma fórmula, Rosa Díez y su ‘marea magenta’ sumarían 12 escaños más, llegando a los 17. También hubieran conseguido representatividad partidos como Equo, PACMA, Escaños en blanco, PartidoAndalucista o PxC, que se han quedado fuera de juego.
Si la ley electoral fuera justa y proporcional, los resultados hubieran variado notablemente. El PP de Mariano Rajoy se hubiera olvidado de una mayoría absoluta porque no ha tenido más del 50% de los votos, y tendría que conformarse con 160 escaños, 26 menos de los obtenidos. El PSOE hubiera bajado, pero hubiera perdido 7 escaños, no 59 como ahora. Cayo Lara ganaría catorce y llegaría al Congreso con 25 escaños; Rosa Díez sumaría 17.
Equo, la nueva formación ecologista encabezada por el ex dirigente de Greenpeace Juan López de Uralde, ha sido otra de las grandes perjudicadas de las elecciones, quedándose sin escaño a pesar de los 215.000 votos logrados en toda España. Mucha más suerte ha tenido Amaiur, que se estrenará en el Hemiciclo con 7 escaños y 333.628 sufragios. CiU, con 1.014.263 votos, ocupará 16 asientos y se hará con el 4,17% de la representatividad del Congreso de los Diputados.
Provincias sobrerrepresentadas
La Ley D´Hont, utilizada en muchos países, es una fórmula electoral que distribuye proporcionalmente los escaños por provincias dependiendo del número de votos que se recojan por partido en dicho territorio, beneficiando a partidos nacionalistas como CiU, PNV, BNG o Amaiur. El problema de la ley es el tamaño de las circunscripciones electorales, las provincias, muchas de las cuales están sobrerrepresentadas aunque tengan muy poca población con dos diputados fijos que se reparten siempre los dos grandes partidos, PP y PSOE.
En su programa electoral, UPyD propuso un Congreso de los Diputados que contase con 400 escaños, de los cuales 200 sean elegidos entre todas las provincias y la otra mitad en un único distrito a nivel nacional. La medida también incluye desbloquear las listas como condición previa e irrenunciable para que el partido que pueda apoyar al Gobierno emane de las urnas.
La fórmula pretende corregir el sesgo territorial del sistema sin modificar la Carta Magna. Para ello, la reforma respetaría el hecho de que la provincia siga siendo la circunscripción electoral, pero crearía una nueva circunscripción nacional que redistribuyese mejor entre todos los partidos los restos de voto que ahora se pierden al no obtener representación parlamentaria.
El propio partido reconoce que este cambio necesita de mucha pedagogía para hacer entender a los ciudadanos la necesidad de ampliar el sistema y no reducirlo. Más de un analista político comparte la idea de que es necesario replantearse el sistema si se quiere seguir representando a la gente por provincias y si se quiere que el mundo rural esté más representado frente al mundo más urbano.

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