Tras sacar la tijera para rebajar el gasto público, la Generalidad de Cataluña está decidida a avanzar en el camino hacia la estabilidad presupuestaria por la vía de aumentar el capítulo de ingresos. Un día después de anunciar la introducción del llamado «tique moderador» en la sanidad, ayer se conocía que la administración autonómica propondrá en sus presupuestos para el año que viene crear siete nuevas tasas, entre ellas una para lo que denomina «servicios personales y materiales en el ámbito de la Justicia», con la que prevé ingresar 25 millones. Aunque con matices, puede afirmarse que Cataluña avanza en el Repago en materia de justicia.
Según consta en la «Memoria de Evaluación de Impacto del Anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales y Financieras» de los Presupuestos de 2012, del que ayer daba cuenta Efe, las nuevas medidas supondrían gravar múltiples servicios jurídicos, tales como interponer recursos de apelación, recursos de contencioso administrativo, solicitudes de segundos testimonios en sentencias o la interposición de demandas de procesos declarativos. La justicia penal quedaría al margen. Fuentes del Departamento de Economía aseguraron desconocer estas tasas y señalaron que las mismas y otros aspectos fiscales todavía están en fase de negociación.
También se estudia cobrar por servicios de fotocopias, lo que supondrá 0,05 euros por cada DIN A 4, con un impacto de 3,3 millones en términos de ingresos para la administración. Se crearía también un nuevo hecho imponible por «la obtención electrónica del informe de comunicado de accidentes de tráfico elaborado por los Mozos».
Estas nuevas tasas se enmarcan en unos Presupuestos marcados por una subida generalizada de tasas y un nuevo recorte del gasto, lo que entre aumento de ingresos y reducción de gastos ha de tener un impacto positivo de 1.000 millones de euros, según lo calculado por el propio presidente de la Generalidad, Artur Mas.
Sanidad desautoriza Mas
La rebaja del sueldo de entre un 1 y un 3%, así como la eliminación de prerrogativas como los días de libre disposición de los funcionarios, son otras de las medidas contempladas. También, como se reconoció a ABC desde la consejería de Economía, la posibilidad de aumentar el céntimo sanitario en gasolina en su tramo autonómico —de 0,24 euros a 0,48 por litro—. Se espera de igual forma que el aumento del precio del transporte público sea importante, de alrededor del 10%.
Por otra parte, el secretario general de Sanidad, Alfonso Jiménez, desautorizó ayer al Ejecutivo catalán al afirmar que la Generalidad no puede cobrar a los ciudadanos por cada receta sanitaria, ya que, según dijo, «afecta a la legislación básica». Con el llamado «tique moderador», el Gobierno catalán prender gravar cada receta con un máximo de un euro.
A la espera de conocer la fórmula que utilizará para hacerlo, Jiménez precisó que «si lo que quiere es cobrar una cantidad fija por cada medicamento la Generalitat, al igual que cualquier otra comunidad autónoma, no es competente». Fuentes de la consejería catalana de Salud consultadas por ABC reconocieron que el Gobierno autonómico «no puede subir el precio del medicamento porque es competencia estatal» y avanzaron que están «estudiando jurídicamente cómo aplicar esa tasa».
Mientras, el consejero de Salud, Boi Ruiz, matizaba que esa tasa «no afectará a quien no pueda pagar». Hizo hincapié también en que ese nuevo peaje farmacéutico no supondrá un encarecimiento del medicamento, y que «no será un Repago». El Colegio de Médicos de Barcelona, por su parte, pidió ayer que esa medida de contención se extienda al resto de España. Refiriéndose al recorte salarial a los funcionarios, Ruiz matizó que no afectará a los trabajadores del Instituto Catalán de la Salud (ICS).
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