El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se despide con una decisión polémica. En pleno periodo de traspaso de poderes, el consejo de ministros celebrado este viernes ha acordado indultar al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, de la condena que le impuso el Tribunal Supremo por acusación falsa cuando presidía Banesto. De esta manera, la ejecución de la sentencia queda paralizada y el banquero, mano derecha de Emilio Botín al frente de la primera entidad financiera del país podrá seguir en el cargo.
Con esta decisión, el Gobierno del PSOE ha accedido a la solicitud de indulto reclamada por el propio Banco Santander, aspiración que se vio reforzada el pasado mes de octubre después de que la Fiscalía apoyara esta tesis y recomendara la conmutación de la pena de tres meses de cárcel y de inhabilitación profesional que le impuso en marzo el Tribunal Supremo. Tras este paso, ha sido finalmente el Ministerio de Justicia quien ha dispuesto la concesión de la medida de gracia, a pesar de encontrarse en pleno traspaso de poderes.
Con esta decisión, el Gobierno del PSOE ha accedido a la solicitud de indulto reclamada por el propio Banco Santander, aspiración que se vio reforzada el pasado mes de octubre después de que la Fiscalía apoyara esta tesis y recomendara la conmutación de la pena de tres meses de cárcel y de inhabilitación profesional que le impuso en marzo el Tribunal Supremo. Tras este paso, ha sido finalmente el Ministerio de Justicia quien ha dispuesto la concesión de la medida de gracia, a pesar de encontrarse en pleno traspaso de poderes.
En concreto, el Gobierno acuerda "indultar parcialmente a Alfredo Sáenz Abad, Rafael Jiménez de Parga Cabrera y Miguel Ángel Calama Teixeira, una vez resueltos los expedientes, a la vista de los informes pertinentes y conforme a lo dispuesto por la Ley. La concesión de este indulto parcial, derivado de unos hechos acaecidos hace 17 años, conmuta la pena impuesta de arresto mayor y la accesoria de suspensión de ejercicio profesional por la multa máxima prevista en la legislación aplicable al caso".
La sombra del indulto había sobrevolado durante las últimas semanas del mandato del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, el posible impacto negativo ante la opinión pública ponía en cuestión que el Ejecutivo asumiera el potencial coste electoral de esta decisión antes de la cita del 20-N. Otra cosa distinta era que pudiera tramitarse durante el mes posterior de Gobierno en funciones, en pleno traspaso de poderes al Partido Popular, relevo que ha comenzado a ejecutarse esta misma semana.
Antes de las Elecciones Generales celebradas el pasado domingo, el propio PP manifestó en público su deseo de que el Gobierno saliente no tomara ninguna medida de calado que no fuera consensuada. El indulto a Sáenz era una de ellas. Aunque este viernes Soraya Sáenz de Santamaría aseguró que el Ejecutivo le había negado la lista de indultos aprobada hoy, Mariano Rajoy ha estado en contacto estas últimas semanas tanto con Moncloa como con la propia entidad financiera para hacerles ver que no se opondría a una posible medida de gracia al consejero delegado del Santander.
Con esta medida de gracia, Alfredo Sáenz consigue salir inmune de un proceso que se inició en la Audiencia Provincial de Barcelona, que fue el primer tribunal que condenó al consejero delegado del Santander y a otras dos personas por presentar en 1994 una denuncia falsa contra cuatro empresarios catalanes como medida de presión para que pagaran las deudas de sus empresas con Banesto. Tres de los empresarios han considerado que "la concesión de un indulto para las benignas penas impuestas" al número dos del Santander sólo podría entenderse como "el tributo del poder oficial al poder real de las finanzas".
Según fuentes jurídicas, los empresarios han sostenido que no existen argumentos para que el Gobierno conceda la medida de gracia, pues Sáenz no ha mostrado arrepentimiento alguno y no existen "razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública" para otorgar el indulto. Así, han afirmado que sería "un despropósito jurídico conceder la medida de gracia a quien no ha mostrado ningún signo de arrepentimiento, y no lo muestra quien lejos de aceptar la condena, sigue discutiéndola, negando su corrección y planteando que le han sido lesionados sus derechos fundamentales".
De hecho, el consejero delegado del Santander recurrió el pasado mes de marzo su condena ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de que revisara la actuación de la Audiencia Provincial de Barcelona y del Tribunal Supremo. Los empresarios también rechazan los argumentos de Sáenz de que concurren circunstancias para conceder el indulto, como las dilaciones indebidas que ha sufrido el proceso penal o el impacto del ejecutivo en la estabilidad del sistema financiero español. "Las víctimas del delito son los primeros perjudicados en la tardía respuesta judicial", han recordado los empresarios.
En marzo, el Supremo condenó a Sáenz a tres meses de prisión y de inhabilitación para ejercer cualquier actividad bancaria por un delito de acusación falsa contra unos deudores de Banesto, entidad que presidió tras ser intervenida en 1993. El Alto Tribunal consideró probado que el ejecutivo dio instrucciones para que en 1994 Banesto presentara, a sabiendas de su falsedad, una querella criminal por estafa y alzamiento de bienes contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero y Modesto González Mestre, como medida de presión para que pagaran 639 millones de pesetas que debían sus empresas.
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