domingo, 6 de noviembre de 2011

Los Abogados Valencianos piden a justicia que les paguen con bonos patrióticos

  
La abogacía autonómica propone cobrar con deuda pública los 15 millones que deberá el Consell a finales de año a los letrados de oficio.
La falta de liquidez del Consell y el estancamiento en las negociaciones entre los colegios de abogados de la Comunidad Valenciana y la Conselleria de Justicia han llevado a los letrados a plantear nuevas fórmulas de pago para poder sostener el sistema de justicia gratuita y asumir el coste de los abogados de oficio. El Consejo Valenciano de la Abogacía de la Comunidad -órgano que representa a los ocho colegios de abogados del territorio autonómico- ha planteado a la Generalitat que pague con bonos patrióticos la deuda de 15 millones de euros que arrastra con los abogados de oficio.
Según ha podido saber este diario, en las últimas negociaciones entre los colegios de abogados y los representantes de la conselleria de Justicia para abordar los problemas económicos con los que se encuentra el turno de oficio y, por tanto, el sistema de justicia gratuita, los representantes de los letrados han propuesto cobrar con bonos los 15 millones de euros que deberá el Consell por las facturas del turno de oficio de todo 2011.
Según explica, a preguntas de este diario, la portavoz del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados de la Comunidad Valenciana, María del Carmen Pérez, "se trata buscar una forma de pago aplazada con garantías, un modo de avalar el cobro con un instrumento financiero que permita ir descontando esa deuda". Sánchez indicó que la fórmula pasa por pagar a los colegios con bonos a las entidades dispuestas a adelantar esos 15 millones, a cambio de cobrar al vencimiento de los bonos el dinero nominal más los intereses que devengan. "Hemos buscado fórmulas alternativas ante lo que nos parecía una propuesta inadmisible, que era cobrar en unos cuatro o cinco años, según se nos dijo desde la conselleria". "No cobrar de aquí a cuatro o cinco años una deuda tan alta con la que hay pagar a 3.000 abogados de oficio en toda la Comunidad nos parece inaceptable", añadió.
Entre las negociaciones para sostener la justicia gratuita hay otro punto espinoso, pero al que habrá que hacer frente. Se trata de la reducción del gasto en el turno de oficio, una exigencia del Consell para que los colegios se adapten a los presupuestos autonómicos destinados a esta materia. En este sentido, Justicia ha exigido al Consejo de la Abogacía que se apriete el cinturón. Desde la reducción de las tarifas a los letrados hasta mayores límites y control al acceso a un abogado de oficio son algunas de las propuestas que tendrán que estudiar colegios -que son los encargados de pagar a estos letrados- y la conselleria.
Tarifas de los servicios
Según la presidenta del Consejo, los abogados de la Comunidad Valenciana están en la media española en cuanto a sus tarifas y la reducción de sus cuotas no sería la vía más adecuada. Sin embargo, añadió, "sí se pueden buscar fórmulas para un mayor control de acceso a la justicia gratuita". Uno de los puntos de mira está en el abogado de oficio que automáticamente se asigna en los delitos relativos a la seguridad vial.
El trasfondo de esta negociación es que la justicia gratuita salga más barata para las arcas de la Generalitat, que tiene transferidas las competencias en esta materia. Sin embargo, por mucho recorte que reclame el Consell, las cifras de las facturas por el trabajo de los abogados de oficio distan mucho de los números anuales que destina la conselleria, que en los últimos tres años ha visto cómo sus presupuestos anuales para pagar la justicia gratuita se han consumido poco más de los tres primeros meses del año.
 

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