Mientras la Casa Real continúa pensando en cómo hacer frente al escándalo, si lanza un comunicado o sigue apostando por el silencio, nuevos datos echan más sombra a la cuestionada actividad empresarial del Duque de Palma, Iñaki Urdangarín.
Según publica El Mundo este viernes, los nuevos datos comprometen aún más tanto a Urdangarín como a su esposa, la Infanta Cristina y su situación cada vez es más complicada.
Y es que ahora trasciende que Urdangarín habría desviado al menos 600.000 euros públicos del Gobierno balear y valenciano a la promotora inmobiliaria que comparte con su esposa, Aizoon. El desvío se habría producido a través de facturas falsas al cobrar por unos servicios realizados por otros profesionales.
Es por ello que el juez y la Fiscalía Anticorrupción investigan la posible comisión de cuatro delitos por parte del yerno del Rey; a saber, malversación, fraude, falsedad y prevaricación.
Concretamente, Urdangarín se habría llevado a su empresa familiar 600.000 euros públicos de dos congresos que organizó en Baleares en 2005 y 2006 y unas jornadas organizadas en la Comunidad Valenciana.
Hasta aquí todo normal, si no fuera porque la Policía Judicial cree que estos trabajos eran ficticios. Y lo hace basándose en las declaraciones de los trabajadores del Instituto Nóos: "La logística no la pudo hacer Aizoon ni ninguna otra empresa porque las llamadas de teléfono, las reservas de hoteles y las invitaciones a los ponentes corrieron a nuestro cargo". Pero fue la empresa que comparten la infanta y su marido, Aizoon, la que expidió varias facturas por estos trabajos que según fuentes de la investigación nunca se realizaron.
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