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La imagen parecía indeleble, inmune y blindada al paso del tiempo. Pero no es así. La fotografía de una monarquía de hierro ha ido amarilleando, cuarteándose conforme se alejaba la Transición, crecían las voces críticas, arreciaba el chaparrón por la falta de transparencia y la dureza de la crisis devoraba el crédito de las instituciones.
Y ahora, estalla el escándalo. Las operaciones opacas y el presunto desvío de fondos públicos de Iñaki Urdangarin. El marido de la infanta Cristina. El yerno del rey de España.
Nada de peccata minuta, de un desliz intrascendente. Si en algo coinciden expertos y partidos de izquierdas consultados por Público –fuera queda el PSOE que, como el PP, rehusó opinar– es que el caso que rodea al duque de Palma es de una "tremenda gravedad", una "malísima noticia" para la Corona. Tanto que puede estar, de hecho, socavando la reputación de la Casa Real. Un deterioro nada trivial para una institución cuya imagen, "muy delicada", "se basa en el prestigio", como acentúa Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED y experto en la monarquía española.
Esa, la duda sobre el daño a la Jefatura del Estado que puede infligir la investigación de los negocios del Instituto Nóos -que presidió Urdangarin hasta 2006-, es la primera incógnita que ahora se abre camino. Hay más: la futura actitud del rey si el duque fuera al final imputado, la necesidad de tasar las incompatibilidades con actividades privadas para miembros de la familia real, la reapertura del debate sobre la transparencia.
01. El parte de daños
Al corazón de la Casa
A las fuerzas minoritarias les solivianta el silencio de la Corona
"La imagen de un miembro de la familia real ante un juez puede ser demoledora". El periodista José Apezarena, especialista en temas de la Corona, no esconde su preocupación por lo que califica de "una muesca más" en la mordida imagen de la Casa Real, "en muchos casos no por su culpa": el creciente sentimiento republicano, las quemas de fotos de los reyes, la presión de la izquierda minoritaria, el "¿Por qué no te callas?" gritado a Hugo Chávez, el varapalo a España por las supuestas injurias de Arnaldo Otegi contra el rey, las confesiones de la reina Sofía a Pilar Urbano y hasta el divorcio de la infanta Elena ("Los miembros de la famila real son lo que son porque son una familia, y si se debilitan los lazos, se diluye el sentido de la institución").
"Todo eso puede ser polémico, cuestionable, y hasta traducirse en una pérdida de apoyo. Pero el escándalo de Urdangarin es un salto cualitativo: hablamos de presunta corrupción", advierte Göran Rollnert, constitucionalista de la Universitat de València.
Tampoco ponen paños calientes Gaspar Llamazares (IU), Laia Ortiz (ICV), Joan Tardà (ERC) y Francisco Jorquera (BNG). "Es el daño más importante a la Corona desde la Transición. Su credibilidad está tocada. Hablamos de posibles delitos muy graves. El que más, el presunto tráfico de influencias, el utilizar el nombre de la Corona para lucrarse. Nada es comparable", sentencia el diputado de IU.
Se suma un desgaste progresivo de la institución, comprobable con los datos del CIS. La valoración ciudadana de la monarquía se ha derrumbado desde el holgado notable –un 7,48 en diciembre de 1995– hasta el suspenso (un 4,89 el pasado octubre). Un batacazo último que se explica, para el catedrático de Periodismo-Comunicación Política de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) José Luis Dader o para la constitucionalista de la UNED Yolanda Gómez por el desapego hacia las instituciones que genera la crisis.
"Aunque no es clase política, la Corona se ve contagiada –apuntala Antón Rodríguez Castromil, profesor de Opinión Pública de la UCM–. Cuando hay cinco millones de parados, recortes, sacrificios, la Casa Real también entra en los cálculos de los ciudadanos, que se preguntan si les compensa la monarquía. Y este caso entra de lleno en esta cuestión". Influye asimismo el relevo generacional –la Transición y el rol del rey el 23-F se diluye entre los jóvenes– y, como agrega Dader, el contexto internacional: los ciudadanos quieren "mayor cercanía y transparencia". No basta, dice, con la "campechanía" cañí de Juan Carlos I.
Si el duque resulta imputado, será imprescindible que el rey se pronuncie
Otros analistas, más cautos, aunque reconocen que "un caso como el del duque no es agradable" y puede mancillar el crédito de cualquier institución, creen que hay que separar. "Una cosa es la Corona, otra la familia y otra Urdangarin. No es un tótum revolútum, aunque vox pópuli se mezcle. Este asunto, que veremos en qué queda, no está relacionado con las funciones constitucionales del rey, el presupuesto de la Zarzuela o la línea sucesoria", señala Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gómez indica que "no existe el mismo rasero para Juan Carlos y su hijo, Felipe, que el que hay para las infantas". "Es un hecho serio", admite uno de los padres de la Carta Magna, el socialista Gregorio Peces-Barba, pero añade que "la gente sabrá comprender porque no le compete al rey". "Bajo ningún concepto se puede decir que también la monarquía es vulnerable a la corrupción", reivindica.
Gonzalo Caro, miembro del Colegio de Politólogos y Sociólogos, refuta esa tesis: "Es inevitable: la gente asocia el nombre de Urdangarin a la Casa. Y los medios no le tratan como a un particular, sino como yerno del monarca". No sólo lo aborda así la prensa generalista, sino también las revistas del corazón, que han trasladado, para Torres del Moral, una imagen "frívola" de la Jefatura del Estado y a la que la Zarzuela no ha combatido "con información seria".
02. La respuesta
La lógica prudencia
La ausencia de una ley reguladora alimenta la incertidumbre
A Ortiz, igual que al resto de portavoces de fuerzas minoritarias, le solivianta el "silencio", la mordaza que se ha impuesto la Zarzuela en el caso Urdangarin. Sin embargo, los estudiosos de las monarquías aclaran que ese silencio es la actitud esperable de unas instituciones que, según recuerda Freixes, aún se mueven por "reglas no escritas, por convenciones y la tradición". "Es de libro. No se debe cambiar el caballo a mitad del río", sanciona Dader. Caro no ve "contraprudente" la prudencia: "Debe mantenerla, por la presunción de inocencia y para que no se la acuse de interferir en la Justicia".
Torres del Moral discrepa: "La Casa está tardando en sacar un comunicado. Debe ponerse del lado de la democracia, no del yerno". Rollnert aporta otra razón para "salir ya al paso", sin demora: "Está imputado el socio del duque [Diego Torres, su sucesor en la presidencia de Nóos], están imputados tres excargos valencianos por los contratos a Urdangarin. La infanta Cristina, que está en la línea de sucesión al trono, es copropietaria de una de las empresas implicadas en el escándalo [Aizoon SL]. Y además hay un contundente informe de la Agencia Tributaria. A la Zarzuela le perjudica la pasividad".
Tanto Rollnert como Torres del Moral inciden en que no debe dejarse escapar un virtud capital para las monarquías. "Necesitan un comportamiento ejemplar. No se pueden permitir ni la más mínima sombra de duda", arguye el primero. "Si la familia real se asimila a una familia normal, se cuestiona entonces su estatus privilegiado. La Corona tiene que aparecer impoluta, cosa que no se requiere a un presidente de la República, pues si no gusta, se le echa", afirma el segundo. Por eso el jurista de la UNED subraya que no se puede dejar engordar la bola de nieve, "alimentar el rumor". El catedrático se declara "leal" a la Corona, de ahí que clame "ser jurídicamente severo con la Casa, pues la adulación es una solemne majadería".
03. El escenario
Apartarlo de la Casa
El secreto sigue amparando en qué se gasta el dinero la monarquía
¿Y si Urdangarin es finalmente imputado? Entonces ya será ineludible un pronunciamiento expreso de la Jefatura del Estado y el duque será, por lo menos, "apartado" de la familia real, según las presunciones que maneja la mayoría de analistas. "La Casa tendrá que tomar medidas y será el rey el que deba hacerlo. Mi hipótesis es que se le desvinculará del protocolo", avanza Apezarena. "Don Juan Carlos sabrá hacerlo de la mejor manera", responde lacónico Peces-Barba. Aunque bien podría suceder a la inversa: que el duque, motu proprio o "presionado" por la Zarzuela –como sugiere Torres del Moral–, se desligara de la Corona.
Incluso esa solución tampoco se presenta libre de problemas. "No se puede dimitir del título de consorte de la infanta", recuerda Caro. Rollnert apunta otra complicación: "Dejaría a Cristina como tonta, como testaferro de las operaciones de su marido".
Con todo, marginar a Urdangarin de la actividad pública de la familia real sería, en términos de comunicación política, una "actitud no proactiva, sino defensiva, de control de daños, de cortafuegos", suscribe Dader. El profesor defiende que, antes o después, la Zarzuela deberá replantearse "a medio y largo plazo" su estrategia. "¿Qué sería una política de comunicación más completa? Llegar a pedir perdón por lo ocurrido una vez se aclaren los hechos".
Desde la Zarzuela reconocen que "no hay precedentes" en España de expulsión de un miembro de la Casa. "El duque apenas ha participado en actos públicos en los últimos años, más allá de aquellos de índole familiar. No obstante, él podía pedir que se le apartase", concede un portavoz.
Está claro. No hay guía, ni hoja de ruta escrita para estos casos. Porque aparte de la Constitución y de reales decretos dispersos, no hay una Ley de la Corona, una petición que siempre han elevado los constitucionalistas conocedores de la materia. "Merece un desarrollo legislativo. Es momento de hacerlo, para regular con detalle todos los aspectos que conciernen a la Casa y recoger un código de incompatibilidades. Pero más urgente y útil sería si cabe un Estatuto de Miembros de la Casa Real, porque la figura del rey ya está desgranada en la Carta Magna", postula Gómez.
Comparte su parecer Torres del Moral, viejo defensor de un Estatuto del Príncipe y del resto de la familia. No hay que olvidar, arguye, que sólo la persona del rey es "inviolable" e irresponsable de sus actos, como consigna el artículo 56. 3 de la Carta Magna.
Freixes avala la conveniencia de una Ley de la Corona, ya que "no es muy oportuno que responsables de altas instancias del Estado mantengan actividades privadas que sean incompatibles con el prestigio de la institución".
¿Y si hay condena? "O se divorcian o la infanta renuncia a sus derechos sucesorios", rubrica Torres del Moral.
04. El frente político
Transparencia otra vez
"En una ocasión, un dirigente socialista me decía que si en un muro muy blindado haces un agujero, por pequeño que sea, al final se abre una vía de agua. Y ese es el miedo que se cierne sobre la monarquía: que cuando se comience a hablar, se hable de todo, hasta de su pecado original: que fue instaurada por un dictador genocida". El republicano Tardà se ha dado cabezazos contra esa muralla, una y otra vez, lo mismo que sus compañeros de IU, ICV y BNG. La última cruzada comenzó en la primavera de 2007, cuando ERC presentó varias iniciativas para que la Casa Real publicase sus finanzas. La Mesa del Congreso, con los votos de PSOE, PP y CiU, rechazó dos veces la demanda. Tardà acudió al Constitucional, que avaló la decisión de la Cámara en diciembre de 2008. En abril de 2009, el diputado se fue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que aún no ha emitido resolución.
Mientras, se han multiplicado las preguntas y proposiciones de la izquierda minoritaria en las dos Cámaras. También del senador del PNV Iñaki Anasagasti. Muchas fueron tumbadas.
La mayoría de expertos consultados cree que el camino hacia la transparencia está desbrozado. Ya es insorteable, juzgan. "Ha faltado sentido común y picardía -estima Apezarena-. Es un problema de cabezonería, no de principios. Se hará y no tardará mucho. Se cae por su propio peso".
La esclavitud del 65.1
ICV quiere prohibir los negocios privados a los miembros de la Casa
La Zarzuela parece haber tomado nota. Lleva meses anunciando que desnudará poco a poco sus cuentas. El momento va acercándose, confiesa un portavoz oficial a Público. "Muy pronto tendremos buenas noticias. Existe la voluntad de ser mucho más transparentes, porque además es una demanda de la sociedad perfectamente legítima que entendemos".
¿Hasta dónde alcanzará el destape? En la Casa Real evitan las comparaciones con las monarquías británica y sueca, que cuelgan en sus webs un completo informe del estado de sus finanzas y son, a ojos de ONG como Access Info, las más transparentes en el espectro europeo.
De la monarquía española no se conoce nada. Se ignora el desglose de la partida de los Presupuestos Generales del Estado –8,43 millones en 2011, un 5,2% menos que el año anterior–, el conjunto de rentas, patrimonios e intereses de la familia o los impuestos que pagan. Sus asignaciones no están sometidas al control del Tribunal de Cuentas, según la propia web de la Corona.
La Casa goza del escudo del artículo 65.1 de la Constitución, que consagra que el rey "distribuye libremente" la cantidad pagada por el Estado. "Una cosa es libremente y otra secretamente –protesta Torres del Moral–. Publicitar las cuentas no va en desdoro de la monarquía. Y es además una institución barata".
Ahí descansa otra razón esgrimida por los especialistas: la Corona cuesta a los españoles menos que los Windsor a los británicos (32,1 millones de libras en 2011, unos 37,4 millones de euros) o que otras monarquías europeas. Valga un detalle ilustrativo: Buckingham Palace revela hasta el coste de la venta del helicóptero de la reina Isabel II.
Gómez aduce que la redacción del 65.1 cierra la vía de una mayor apertura. Dader sí cree que convendría "una clarificación" en la legislación. Para Peces-Barba, las cuentas están "clarísimas" y el tema es "irrelevante". Caro, como otros analistas, niega "impedimentos legales". Jorquera, diputado del BNG, espera que en todo caso "no dependa de la graciosa voluntad del rey".
05. El interventor
El custodio desconocido
En 2007, cuando explotó la polémica por las iniciativas de ERC, la Casa Real reaccionó. El 24 de agosto, nombró a un interventor del Estado, Óscar Moreno Gil, para auditar sus finanzas. De sus informes, nada se sabe. Un portavoz de la Zarzuela confirma que sigue trabajando en la Casa, está integrado en su estructura y cobra de ella, de la asignación de los 8,43 millones. ¿Cuánto percibe? "Como un director general de la Administración, algo menos", contesta. ¿Qué hace? "Comprobar que se acoplan las partidas de ingresos y gastos". "No hay por qué pensar que se ha dilapidado", dice Gómez.
"Van a tener que renovar su discurso, reinventarse", señala un experto
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no ha llegado a aprobar su Ley de Transparencia, cuyo anteproyecto se presentó el pasado 29 de julio, cuando se anunció el anticipo electoral. Nada explicitaba acerca de la Casa Real. Y eso que el Convenio Europeo sobre Acceso a los Documentos Públicos, al que el borrador se remite, contempla como excepción del derecho "la comunicación" del Ejecutivo "con la familia real y su Casa". Rajoy también prometió una norma de transparencia.
Victoria Anderica, de Access Info, una de las ONG que más ha peleado por una Administración de cristal, defiende que la monarquía también ha de quedar afectada en una futura Ley de Transparencia, si bien "entiende" que la cláusula europea permite restricciones.
06. Las medidas
La lucha se retoma
Esta semana, en cuanto se agravaron las sospechas en torno a Urdangarin y su círculo, siguieron las imputaciones y trascendió, a través de este diario, que los duques y sus empresas adquirieron bienes por casi 7,3 millones en cuatro años, la izquierda anunció más iniciativas.
Lógico, avisa Dader: "Este caso puede servir de acelerador para instalar un mayor clima de opinión a favor de la transparencia". Esa exigencia ya existía, "difusa", pero se ha visualizado aún más con el 15-M. "Irá en aumento, seguro –añade Rodríguez Castromil–. Ha calado en un sector de la izquierda que ha dejado al PSOE y pide regeneración democrática".
ICV registrará en el Senado la propuesta de prohibir la participación en empresas de miembros de la familia real que cobren del erario público. IU, ERC y BNG lo suscriben. Demandarán la declaración de bienes e intereses de la Corona, la fiscalización de sus dineros por el Tribunal de Cuentas. Temen la oposición de PSOE y PP que, como censura Torres del Moral, han "perpetuado el tabú, son excesivamente contemplativos, discretos, más deferentes con la monarquía de lo que exige el guión". "Más que nunca, la Mesa no tiene razones para vetar", enfatiza Llamazares. Y si vuelve el muro, volverá la "lucha ideológica", según Tardà: "Hay que mantener viva la llama. Contribuimos a abrir camino, incluso con la desfachatez, y eso que al principio nos llamaron frikis".
El caramelo amargo del caso Urdangarin puede durar en la boca de la Corona todavía mucho tiempo. Justo cuando se suman los rumores sobre la salud del rey, se dispara el debate sobre la sucesión y se aletarga el recuerdo del 23-F en el imaginario colectivo. Rodríguez Castromil, como otros expertos, deja una receta sobre la mesa: "La monarquía va a tener que renovar su discurso ante la sociedad para obtener la legitimación con su gestión del día a día. Reinventarse, hacerse valer más allá de las portadas del corazón".
CONFIANZA A LA BAJA EN LA ÚLTIMA DÉCADAEl gráfico de arriba habla por sí mismo. En los últimos 16 años, la nota que los españoles conceden a la monarquía ha ido cayendo. Desde el 7,48 de puntuación media de diciembre de 1995 hasta el suspenso alto de 2011. El CIS del pasado octubre también revelaba que para el 29,7% la Casa del Rey suscitaba poca o ninguna confianza, un dato que José Luis Dader tilda ya de “peligroso” para los intereses de la Zarzuela. Torres del Moral atribuye el desplome de la calificación precisamente al "halo de misterio, de ocultación, de falta de transparencia" que pesa aún sobre la Casa.
La monarquía era, en octubre, la tercera institución mejor valorada, tras el Ejército (5,65) y los medios (4,97).
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