jueves, 1 de diciembre de 2011

El tansporte escolar ahogado por los impagos


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Más de 23.000 alumnos de la provincia de Alicante, alrededor de 17.000 de Valencia y otros 8.000 de Castellón se pueden quedar sin transporte escolar si el Consell no paga en enero la deuda que arrastra con las empresas de autobuses en colegios e institutos públicos.
Los transportistas alertan de que desde mayo no han recibido las mensualidades de la Consejeria de Educación, un dinero que supera los 20 millones de euros, 8 de ellos correspondientes a más de medio centenar de empresas de la provincia. "Los proveedores nos ahogan porque no puedes dejar de pagar el gasóleo y ya habíamos hecho una inversión importante para adecuar los vehículos a las nuevas normas de poner cinturón de seguridad", señalan algunos de los afectados que operan en la Vega Baja.
Se trata de pequeñas y medianas empresas con una media de 12 trabajadores y otra veintena de acompañantes en los vehículos, a quienes se pagan los sueldos pese a no recibir dinero desde mayo. La salida media de 25 coches diarios para cada una de estas firmas les supone alrededor de 350.000 euros cada mes que dejan de percibir de Educación, que contrató este servicio mediante uniones temporales de empresas (UTE) que pueden aglutinar entre 5 y 20 empresas por cada adjudicación.
Agilizar los pagos
Desde la Consejeria de Educación precisaron ayer que "si existe malestar en el colectivo, se convocará una reunión", pese a que aseguran que se han reconocido los atrasos para que no hubiera problemas de crédito con las entidades financieras. Añaden su intención de agilizar pagos y concretar un calendario a partir del mes de enero.
"Decir Generalidad ya no es una garantía"
Los transportistas de escolares se quejan de que antes nombrar a la Generalidad era una garantía de pago para cualquier entidad bancaria y no había problemas con los créditos, pero que la situación ha revertido hasta el punto de que ahora mismo "decir Generalidad no da seguridad ni garantías" de pago. Además añaden que el Consejo no ha reconocido la deuda a cada empresa, y que como las UTE las forman varias de ellas, no consiguen la confianza financiera que precisan. Desde la federación provincial aseguran que la situación para las empresas más pequeñas que no pueden diversificar su labor con otro tipo de servicios "la situación es muy delicada".

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