La Policía Judicial está tomando declaración a los técnicos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias S.A. (Cacsa) que participaron en los contratos suscritos con el Instituto Nóos para la celebración de Valencia Summit, por los que la entidad presidida por el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, recibió 3,4 millones de euros.
Asimismo, el fiscal que instruye este caso, desplazado a la Ciudad de la Justicia, también está tomando declaración al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, por su relación con este asunto.
Sin embargo, los primeros en comparecer ante el fiscal para explicar los pormenores de los contratos firmados entre la Generalitat y el Instituto Nóos fueron, el jueves, tres altos cargos de la Administración valenciana.
Sin embargo, los primeros en comparecer ante el fiscal para explicar los pormenores de los contratos firmados entre la Generalitat y el Instituto Nóos fueron, el jueves, tres altos cargos de la Administración valenciana.
Se trata de José Salinas, director del Valencia Convention Bureau, la fundación controlada por el Ayuntamiento de la ciudad mediante la que se firmó con Nóos el convenio para organizar las jornadas Valencia Summit; Jorge Vela, director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) entre 2005 y 2009, y José Manuel Aguilar, que dirigió Cacsa entre 2002 y 2005. Estos dos últimos, según el Gobierno valenciano, declararon acompañados por su abogado.
Salinas, preguntado por este periódico, aseguró que sólo fue requerido para certificar la veracidad de la documentación confiscada en su día por la Policía Judicial.
El pasado 8 de noviembre, agentes de la Seguridad del Estado se personaron en la Consejería de Presidencia y en Cacsa para llevarse todos los expedientes de los contratos.
A la celebración del Valencia Summit durante los años 2004 y 2005, unas jornadas sobre los efectos de los grandes eventos en el turismo por las que el Gobierno valenciano y el Ayuntamiento de Valencia pagaron conjuntamente 3,5 millones de euros, según se ha reconocido de manera oficial, se suma otro contrato firmado por el ex presidente Francisco Camps y el propio Urdangarin, para lograr que la ciudad albergara unos hipotéticos Juegos Europeos.
Por esta misión, el duque de Palma percibió 382.000 euros, aunque el montante total del convenio ascendía a tres millones de euros.
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